En un acuerdo histórico entre el senador Ricardo Monreal y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, se ha dado a conocer la lista de los cinco integrantes del Comité de Evaluación del Poder Legislativo, que se encargará de ser el primer filtro para los aspirantes a jueces, magistrados y ministros que se someterán a elección popular en 2025.
Este Comité no solo evaluará a los candidatos para el Poder Judicial, sino que también se establecerán comités similares para el Poder Ejecutivo y otros ámbitos de la administración pública.
Entre los miembros designados se destacan:
Maday Merino Damián: Licenciada en Derecho y maestra en Derecho Civil por la Universidad Autónoma de Tabasco, Merino Damián hizo historia al convertirse en la primera mujer en presidir el Instituto Electoral de Tabasco. Su experiencia incluye una participación significativa en el reciente proceso de selección de consejeros electorales del INE.
Maribel Concepción Méndez de Lara: Actual magistrada del Tribunal Superior Agrario, es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Zacatecas y cuenta con una maestría en Gestión Pública del CIDE. Su trayectoria en el ámbito judicial la posiciona como una figura clave en este Comité.
Ana Patricia Briseño Torres: Presidenta del Instituto Sonorense de Transparencia, Briseño Torres fue electa por mayoría en el Congreso de Sonora en 2023 y mantiene cercanía con Sergio Gutiérrez Luna, lo que le otorga un lugar destacado en el panorama político actual.
Andrés Norberto García Repper Favila: Conocido por su postura a favor de Morena, García Repper fue miembro del Comité Técnico de Evaluación de aspirantes a consejeros electorales en el proceso anterior, aportando su experiencia al nuevo Comité.
María Gabriela Sánchez García: Magistrada del Supremo Tribunal de Justicia de Sinaloa, su experiencia en el ámbito judicial será fundamental para el trabajo del Comité.
Este Comité de Evaluación marcará un precedente en el proceso de selección de los próximos funcionarios judiciales en México, con la intención de garantizar transparencia y legitimidad en un sistema que requiere de una profunda renovación.