A casi siete años del feminicidio que estremeció al país, la familia de Abril Pérez Sagaón anunció que se abstendrá de participar en el juicio oral programado para este próximo 6 de mayo. A través de un contundente comunicado, los deudos señalaron una total pérdida de confianza en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), acusando «falta de certeza, imparcialidad y legalidad» en el manejo del caso.
La decisión, explicaron el hermano de la víctima, Jesús Javier Pérez Sagaón, y su abogado, Héctor Alberto Pérez Rivera, responde a un profundo desgaste emocional y a lo que califican como una «justicia selectiva». La inconformidad principal radica en que el exejecutivo Juan Carlos García Sánchez, exesposo de Abril y señalado como el autor intelectual del crimen, continúa prófugo de la justicia, mientras el proceso se enfoca en figuras secundarias y se reinicia prácticamente desde cero tras cuatro años de retrasos injustificados.
La familia de Abril Pérez Sagaón decidió no participar en el juicio contra seis imputados por el feminicidio. Denuncian demoras injustificadas y que el presunto autor intelectual continúa en libertad. https://t.co/W6siN0sKny
— NMás (@nmas) May 1, 2026
Protección al círculo cercano y omisiones
El 25 de noviembre de 2019, Abril Pérez fue ejecutada a balazos frente a sus hijos mientras circulaba por el Circuito Interior rumbo al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. El ataque fue perpetrado por sicarios presuntamente vinculados a La Unión Tepito, contratados por su expareja.
A pesar de que ya existen tres sentenciados como autores materiales —con condenas que superan los 52 años de prisión—, la familia denuncia que la Fiscalía ha ignorado testimonios clave. Según las declaraciones de uno de los sicarios condenados, la hermana del exesposo fue quien proporcionó el arma homicida, mientras que la novia de este realizó el pago por el asesinato. Sin embargo, ninguna de las dos mujeres ha sido investigada con la debida diligencia.
“Es inadmisible que existan personas directamente señaladas en testimonios claves que permanezcan fuera del alcance de la justicia, mientras que otras enfrentan procesos bajo estándares de evidencia y urgencia claramente dispares”, sentenció la familia en su posicionamiento, apuntando a un ejercicio de la acción penal alejado del debido proceso.
Prisión domiciliaria y desgaste institucional
El panorama judicial se ha complicado aún más en las últimas semanas. Tras reponerse los procesos contra dos implicados por quejas administrativas contra los jueces, un magistrado determinó que Alejandro “N”, alias «El Neri», señalado como presunto cómplice, podrá abandonar el Reclusorio Oriente para continuar su proceso en prisión domiciliaria con un brazalete electrónico. La propia defensa de la familia reconoció que la evidencia contra «El Neri» no es contundente, lo que subraya la ineficacia de la Fiscalía para concentrar sus esfuerzos en la captura del verdadero autor intelectual.
El caso de Abril Pérez ha estado marcado por la negligencia institucional desde el principio. En enero de 2019, la víctima sobrevivió a un intento de homicidio cuando su entonces esposo la golpeó con un bat mientras dormía. Aunque Juan Carlos García fue encarcelado inicialmente, dos jueces reclasificaron el delito a «violencia familiar», permitiéndole quedar en libertad apenas tres semanas antes de que ordenara el asesinato de Abril.
Ante la falta de resultados de la actual administración de la FGJCDMX, encabezada por Bertha Alcalde Luján, la familia exige la detención inmediata y sin dilaciones de Juan Carlos García Sánchez, una investigación exhaustiva de su círculo cercano y garantías efectivas de no repetición. «La memoria de Abril exige una justicia imparcial, completa y expedita. Casi siete años de espera son inaceptables», concluyeron.
Redactado por: Alfredo Vázquez