En una jornada marcada por gritos de «traidor» al interior del recinto y el rugido de motores de tractores al exterior, la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados aprobó este miércoles el dictamen para expedir la nueva Ley General de Aguas y reformar la Ley de Aguas Nacionales. La iniciativa, enviada por el Ejecutivo, avanza ahora hacia el Pleno para su discusión inmediata, en una maniobra que la oposición ha calificado de «fast track».
El documento fue avalado en lo general y particular con 28 votos a favor (Morena, PVEM y PT), 10 en contra (PAN, PRI y un voto del petista Fernando García) y dos abstenciones de Movimiento Ciudadano. La votación se dio bajo la presión de un cerco implementado por campesinos de Guanajuato, Michoacán, Veracruz, Puebla y Tlaxcala, quienes advirtieron que radicalizarán el bloqueo por 48 horas si no se atienden sus demandas sobre la certeza jurídica de sus tierras.
El fin del agua como mercancía: el punto de quiebre
El eje central de la reforma propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum busca revertir el modelo establecido en 1992, eliminando el carácter de «mercancía» del recurso hídrico. Según Efraín Morales López, director de la Conagua, el objetivo es que el Estado recupere la rectoría total, impidiendo que los títulos de concesión sean negociados entre particulares.
Sin embargo, esta modificación ha desatado la furia del sector agropecuario. La controversia radica en la aparente contradicción entre el artículo 22 —que prohíbe la transmisión de derechos— y el artículo 49 de la Ley de Aguas Nacionales.
Francisco Pelayo, diputado del PAN, alertó que la redacción actual genera incertidumbre: “La norma queda ambigua y a la interpretación de quien esté detrás de un escritorio”. Los productores temen que, al vender o heredar sus tierras, pierdan el acceso al agua si no existe la «voluntad» de los funcionarios en turno.
Intentos de blindaje y acusaciones de acaparamiento
Ante las críticas, el dictamen sufrió modificaciones de último minuto. Se agregaron los artículos 37 Bis 1 y 37 Bis 2, los cuales instruyen a la «Autoridad del Agua» a resolver reasignaciones en un plazo máximo de 20 días hábiles cuando se transmita una propiedad, asegurando el concepto de «uso agropecuario familiar».
Campesinos llegan con tractores a la Cámara de Diputados
Rechazan la nueva Ley de Aguas impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum.
La protesta ocurre mientras la Comisión de Recursos Hidráulicos discute el dictamen. Morena asegura que la iniciativa atiende… pic.twitter.com/WQpKo0mrac
— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 3, 2025
Óscar Bautista (PVEM) defendió la postura oficialista asegurando que se mantiene el «binomio agua-tierra», protegiendo a los pequeños propietarios y cerrando el paso únicamente a la especulación. Por su parte, Ricardo Monreal, presidente de la Jucopo, afirmó que existe una campaña de desinformación impulsada por «acaparadores» que se beneficiaron del sistema neoliberal, citando casos polémicos en Chihuahua.
Sesión caldeada y agenda desplazada
El ambiente en San Lazaro es de máxima tensión. Legisladores del PRI, desde el Patio Norte, confrontaron a la mayoría oficialista durante la votación en comisiones. Kenia López Rabadán, presidenta de la Cámara en funciones de oposición, rechazó el procedimiento acelerado, advirtiendo que la ley impactará a casi 600 mil concesionarios.
A pesar de las objeciones, la Junta de Coordinación Política modificó el orden del día, posponiendo la discusión de la Ley General de Salud para priorizar el tema hídrico. Mientras el debate arranca en el Pleno, afuera, sobre la calle Emiliano Zapata, los tractores mantienen el asedio en espera de una resolución que definirá el futuro del campo mexicano.