El Gobierno de México ha endurecido su postura frente a los delitos fiscales de alto perfil. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó este lunes que la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene activa la solicitud de extradición contra el abogado y empresario Víctor Manuel Álvarez Puga, considerado el cerebro detrás de una sofisticada red de «factureras» que drenó recursos millonarios del erario público.
Durante su conferencia matutina, la mandataria fue enfática al señalar que, tras la reciente designación de Ernestina Godoy como encargada de la Fiscalía, la instrucción es clara: cero impunidad.
“Se está pidiendo la extradición. Nos interesa mucho que no haya impunidad en esto, tanto en delitos de delincuencia organizada como en delitos de cuello blanco”, subrayó Sheinbaum, confirmando que el litigante se encuentra bajo custodia de las autoridades estadounidenses.
La caída en Miami y la estrategia de «perseguido político»
Álvarez Puga fue detenido el pasado mes de octubre por la autoridad migratoria de Estados Unidos (ICE) en Miami, Florida, debido a irregularidades en su estatus legal. Según documentos revelados por El País, el abogado ingresó a territorio estadounidense vía marítima desde Las Bahamas sin validar su entrada, tras vencerse su estancia legal.
Actualmente, el esposo de la conductora Inés Gómez Mont —quien se presume sigue en libertad— pelea un juicio migratorio desde un centro de detención. Su defensa ha solicitado asilo argumentando que es víctima de una «persecución política» en México por sus posturas conservadoras, una estrategia legal que busca frenar su entrega a la justicia mexicana.
#MañaneraDelPueblo. “Nos interesa mucho que no haya impunidad en el caso” de Víctor Manuel Álvarez Puga, acusado por fraude a través de las factureras, subraya @Claudiashein pic.twitter.com/LIuHr6A2WZ
— Jenaro Villamil (@jenarovillamil) December 2, 2025
El esquema del desfalco: 3,000 MDP
El caso contra Álvarez Puga y Gómez Mont se remonta al sexenio de Enrique Peña Nieto. De acuerdo con investigaciones periodísticas de Ana Lilia Pérez para SinEmbargo, la pareja habría utilizado una red de empresas fachada para simular servicios y triangular recursos públicos.
La acusación central de la FGR, que involucra delincuencia organizada y lavado de dinero, apunta al desvío de casi 3,000 millones de pesos de la Secretaría de Gobernación (Segob), entonces encabezada por Miguel Ángel Osorio Chong. Los contratos adjudicados directamente eran supuestamente para adquirir sistemas de seguridad y software para penales federales, servicios que nunca se prestaron o se simularon a través de compañías sin infraestructura real.
Cero tregua a factureros
Sheinbaum Pardo aprovechó el tema para reiterar que su administración, en coordinación con la FGR y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), no dará tregua a quienes operen esquemas de evasión fiscal y outsourcing ilegal. En este contexto, también mencionó el caso de Raúl Beyruti, conocido como «El Rey del Outsourcing», otro objetivo prioritario de las autoridades financieras.
“Lo importante es que se acabe este flagelo de las factureras y que aquellos que lo sigan haciendo tengan sanción”, concluyó la presidenta, dejando en manos de Ernestina Godoy el seguimiento puntual para que el caso Álvarez Puga-Gómez Mont no quede en el olvido.