La Dirección General del Sistema Integral de la Familia de la Ciudad de México, (DIF-CDMX) que encabeza Beatriz Rojas Martínez, entregó 13 mil 636 pesos a cada uno de los 88 grupos solidarios responsables de operar los comedores populares para el Bienestar, en los que se ofrece comida completa, balanceada y caliente.
La inversión es de un millón 200 mil pesos, lo que representa el cinco por ciento del presupuesto anual para el programa de Comedores Populares para el Bienestar, el cual tiene como meta, para este año, servir 5 millones 800 mil raciones de comida caliente. El objetivo principal, es mejorar y dignificar los comedores populares para el Bienestar, ya que en estos centros de atención a habitantes de la capital y personas en tránsito se ofrece este módico servicio de alimentación a un precio de 11 pesos el platillo.
“En el gobierno de la Ciudad de México hay una convicción profunda, el bienestar no se delega ni se deja a la suerte del mercado, se construye activamente con organización y con justicia social”, expuso la directora ejecutiva de los Derechos de las Personas con Discapacidad y Desarrollo Comunitario, Claudia Elena Águila Torres, a nombre de la directora general del DIF de la Ciudad de México. Ante grupos solidarios, reunidos en el Auditorio Adolfo López Mateos, estableció que los Comedores Populares para el Bienestar no son parte de un programa asistencialista, son un pilar del estado de bienestar que se está consolidando en la Ciudad de México.
En su oportunidad, María de Jesús López Vázquez, directora de Comedores Populares, destacó que este programa, además de garantizar una alimentación nutritiva y accesible para todas las personas, cumple una función esencial en el apoyo a las familias que enfrentan situaciones de vulnerabilidad. Representantes de los comedores Cuisine Quinta, Como Agua para Chocolate, el Sazón de la Abuela y Dany agradecieron el apoyo y solidaridad de los directivos del DIF de la Ciudad de México para mejorar las condiciones de los comedores y señalaron que estos espacios deben verse como una labor social y no como un beneficio propio de quienes los operan.