Fotografía: Magistrados federales determinaron que una jueza violó el debido proceso al no resolver un incidente sobre la autenticidad de la rúbrica.
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El proceso judicial en contra del exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, sumó un nuevo capítulo luego de que un Tribunal Colegiado le otorgara un amparo que obliga a reponer el procedimiento para determinar, mediante peritajes especializados, si falsificó su firma en un intento por evadir la justicia.

Por decisión unánime, los magistrados del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal (Eduardo Sebastián Moscoso López, Rogelio Alanís García y una secretaria en funciones de jueza) revocaron un fallo previo emitido por la jueza Noveno de Distrito en Materia Penal en la CDMX, Jovita Vargas Alarcón, argumentando claras violaciones a las reglas fundamentales del debido proceso.

Aureoles Conejo es considerado prófugo de la justicia. La Fiscalía General de la República (FGR) lo busca por su presunta responsabilidad en los delitos de peculado, lavado de dinero, asociación delictuosa y administración fraudulenta. Se le acusa de desviar al menos 3 mil 412 millones de pesos que estaban etiquetados para la construcción de siete cuarteles policiales durante su gestión (2015-2021).

La controversia por la firma

El litigio central de este nuevo fallo radica en el amparo 441/2025. En mayo del año pasado, la jueza Vargas Alarcón concedió a Aureoles una suspensión definitiva contra la orden de aprehensión girada en su contra, condicionando la medida a que el exmandatario se presentara físicamente ante un juez de control en el Reclusorio Sur, orden que el michoacano desobedeció, perdiendo así la protección federal.

Sin embargo, paralelamente, la FGR interpuso un incidente de falsedad de firma, argumentando que la rúbrica estampada en la demanda de amparo original no coincidía con la plasmada en un escrito presentado el 8 de mayo de 2025.

El error procesal, según determinaron los magistrados del Tribunal Colegiado, consistió en que la jueza Vargas Alarcón manejó este incidente «por cuerda separada» (en un expediente aparte) y no dentro del mismo procedimiento principal, violando lo estipulado en la Ley de Amparo. Además, la juzgadora negó en su momento la petición de la defensa de Aureoles para notificar personalmente a su propia grafóloga, advirtiendo que solo tomaría en cuenta el dictamen del perito oficial de la FGR.

¿Qué sigue para el exgobernador?

Con el nuevo amparo concedido por el Tribunal Colegiado, se ordena la reposición del procedimiento. Esto significa que una perito en Grafoscopía y Documentoscopía deberá comparecer legalmente para analizar y dictaminar si la firma de Silvano Aureoles fue o no falsificada.

Si los peritajes confirman que la firma no pertenece al exgobernador, el juicio de amparo original sería desechado en su totalidad. Mientras tanto, la orden de aprehensión se mantiene vigente. De ser capturado, Aureoles Conejo enfrentaría prisión preventiva justificada por el alto riesgo de fuga evidenciado al no presentarse a las audiencias iniciales, situación por la cual cuatro de sus excolaboradores ya se encuentran vinculados a proceso bajo la misma medida cautelar desde marzo de 2025.


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