Con el objetivo de evitar una réplica automática del modelo federal y blindar el sistema de justicia estatal de intereses partidistas, el Congreso de Nuevo León ha iniciado los trabajos para construir una reforma al Poder Judicial diseñada a la medida de las necesidades de la entidad.
A través de la Comisión de Puntos Constitucionales, presidida por la diputada Berenice Martínez Díaz, el Legislativo local arrancó una serie de mesas de diálogo con representantes de la iniciativa privada, la academia y organizaciones de la sociedad civil. La premisa central de este ejercicio es clara: despolitizar los tribunales y garantizar que la selección de jueces y magistrados se base estrictamente en la profesionalización técnica y la trayectoria, no en cuotas políticas.
«Queremos que lleguen los mejores perfiles, no podemos seguir politizando el Poder Judicial», advirtió Martínez Díaz durante el primer encuentro. La legisladora subrayó la urgencia de erradicar las prácticas actuales que han permitido la llegada de perfiles sin experiencia previa o con militancia partidista activa a cargos clave como jueces o secretarios de acuerdos.
Siete iniciativas hacia un solo dictamen
Actualmente, el Congreso estatal mantiene en análisis siete iniciativas distintas en la materia. El propósito de estas mesas de trabajo es unificar las propuestas ciudadanas, privadas y de las diferentes bancadas en un solo dictamen sólido y consensuado, el cual se espera aprobar durante el próximo periodo legislativo.
Si bien los legisladores reconocen que mantienen en el radar la armonización con el marco federal —especialmente de cara a la posible elección de jueces y magistrados proyectada para 2027—, la prioridad absoluta es fortalecer la carrera judicial local mediante evaluaciones rigurosas y filtros de selección estrictos e independientes.
La primera mesa de diálogo destacó por su amplia convocatoria, reuniendo a actores estratégicos del estado. Por parte del sector empresarial asistieron cámaras como Coparmex, Canaco, Caintra, CMIC y Canadevi. El rigor académico estuvo representado por el Tecnológico de Monterrey y la U-ERRE, mientras que la perspectiva ciudadana fue aportada por el Consejo Cívico de Nuevo León, la Fundación Konrad Adenauer y el Centro de Estudios sobre la Enseñanza y el Aprendizaje del Derecho (CEEAD).
Durante la sesión, diputados de diversas fuerzas políticas —entre ellos Myrna Grimaldo, Greta Barra, Claudia Caballero, María Guadalupe Rodríguez, Ignacio Castellanos y Paola Linares— coincidieron en la urgencia de aprovechar la presión y el escrutinio de la sociedad civil como el motor principal para alcanzar los acuerdos que Nuevo León demanda en materia de justicia.
En las próximas semanas se instalarán nuevas mesas de trabajo para integrar a un mayor número de actores, buscando que la inminente reestructuración del Poder Judicial estatal sea un referente de autonomía y eficiencia técnica en el país.