El reloj marcaba las 22:25 horas de la noche del lunes 3 de mayo de 2021 cuando el estruendo partió en dos a la capital del país. Un convoy del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro avanzaba entre las estaciones Olivos y Tezonco cuando la estructura elevada cedió. Una trabe metálica se venció, los vagones se desplomaron sobre la avenida Tláhuac y la Ciudad de México vivió una de las peores tragedias urbanas de su historia moderna: 26 personas perdieron la vida y más de un centenar resultaron heridas.
Hoy, a cinco años de esa noche de hierros retorcidos, dolor y sirenas, la «zona cero» sigue siendo una herida abierta. Aunque la llamada «Línea Dorada» volvió a operar en enero de 2024 tras diversas reparaciones estructurales, en el terreno legal, el caso se encuentra inmerso en un pantano judicial marcado por la lentitud procesal y la impunidad.
Se cumplen 5 años del desplome de una trabe de la Línea 12 del @MetroCDMX, el 3 de mayo de 2021, lo que provocó la muerte de 26 personas y muchas más lesionadas.
QEPD#Video 🎥👇🏽 pic.twitter.com/CD1q462BKn
— JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) May 4, 2026
Cero sentencias, cero detenidos
A un lustro del colapso provocado por omisiones en la construcción, supervisión y mantenimiento de la obra, ninguna persona servidora o exservidora pública se encuentra tras las rejas.
De los 10 exfuncionarios que originalmente fueron procesados por los delitos de homicidio, lesiones y daño a la propiedad —todos a título culposo—, dos ya fallecieron por causas naturales, incluido el exdirector de Coordinación de Supervisión de Obra. Los ocho imputados restantes continúan enfrentando el proceso en libertad, amparados en una intensa batería de recursos legales promovidos por sus defensas, lo que ha retrasado indefinidamente la llegada de una audiencia intermedia y, por ende, de una sentencia.
Destaca el caso de Florencia Serranía, quien en 2021 fungía no solo como directora general del STC Metro, sino también como subdirectora de mantenimiento. La exfuncionaria nunca fue motivo de investigación formal ni requerida por el Ministerio Público para rendir una declaración sobre los hechos.
El contraste político y el reclamo de las víctimas
El aniversario de esta tragedia ocurre en un escenario político radicalmente distinto para quienes encabezaban la administración pública en 2021. En aquel entonces, Claudia Sheinbaum fungía como Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, mientras que Marcelo Ebrard —bajo cuya gestión en la capital (2006-2012) se planeó, financió y construyó la obra— era el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). Hoy, a cinco años de la caída del convoy, Sheinbaum ocupa la Presidencia de la República y Ebrard encabeza la Secretaría de Economía.
Mientras tanto, en las calles de Tláhuac, las familias de las víctimas siguen exigiendo respuestas. Si bien el gobierno capitalino reporta que el 98 por ciento de los afectados aceptaron acuerdos reparatorios y recibieron indemnizaciones por parte de la empresa constructora Carso, el grupo de víctimas que decidió mantenerse en el proceso penal denuncia que el dinero no repara el daño real.
Aseguran que las secuelas físicas, el trauma psicológico y la pérdida de sus seres queridos requieren de una justicia integral que señale y castigue a los verdaderos responsables. Cinco años después, entre ofrendas florales y exigencias en la estación Olivos, el reclamo es unánime: la caída de la Línea 12 no fue obra de la naturaleza, sino de la negligencia, y la justicia sigue siendo una deuda pendiente en la Ciudad de México.
Redactado por: Oralia Galindo