Fotografía: Las naciones advirtieron que el flujo ilegal de armamento transnacional debilita a las instituciones y vulnera los derechos humanos.
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En un esfuerzo por contener una de las principales fuentes de violencia en el continente, México, en coordinación con otros 15 países, lanzó un llamado urgente ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) para fortalecer la cooperación regional y frenar la fabricación y el tráfico ilícito de armas de fuego.

Durante la sesión del Consejo General, celebrada en el marco del Día Interamericano para Contrarrestar la Fabricación y el Tráfico Ilícito de Armas de Fuego, la coalición advirtió que la proliferación ilegal de este armamento no es solo un problema de seguridad, sino un obstáculo directo para el desarrollo que afecta de manera desproporcionada a las comunidades más vulnerables del hemisferio.

Un desafío que rebasa fronteras

El representante permanente de México ante la OEA, Alejandro Encinas, fue el encargado de dar lectura al posicionamiento conjunto suscrito por Antigua y Barbuda, Belice, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Granada, Jamaica, Panamá, Perú, República Dominicana, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, Uruguay y México.

El documento cataloga el tráfico de armas como un «desafío transnacional» que requiere de respuestas coordinadas, integrales y sostenidas.

“Hacemos un llamado a la corresponsabilidad de todos los países de la región para atender las causas estructurales del tráfico ilícito de armas y reforzar las capacidades institucionales que permitan enfrentar este fenómeno de manera efectiva”, sentenció Encinas frente a los representantes hemisféricos.

Los Estados firmantes urgieron a fortalecer los mecanismos internacionales para rastrear, controlar y reducir el flujo ilegal, prestando especial atención a las fuentes de abastecimiento y a la alta vulnerabilidad que enfrentan los países de Centroamérica y el Caribe frente al crimen organizado.

Derechos humanos en el centro del debate

El reclamo regional encontró eco en los tribunales internacionales. Durante la misma sesión, Miguel Ángel Reyes Moncayo, consultor jurídico alterno de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), puso sobre la mesa la reciente opinión consultiva emitida el pasado 5 de marzo por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Reyes Moncayo recordó que la Corte determinó que el tráfico de armas trasciende el ámbito de la seguridad y se convierte en un tema de violación a los derechos humanos. Este fallo histórico establece obligaciones directas para los Estados en materia de regulación, supervisión y fiscalización de la industria armamentista, además de exigir garantías de justicia para las víctimas de la violencia armada.

Bajo la premisa de que «ningún Estado puede enfrentar este fenómeno por sí solo», la delegación mexicana reiteró que esta resolución sirve como una brújula jurídica para forzar respuestas compartidas entre gobiernos, el sector privado corporativo y la sociedad civil, buscando asfixiar las redes de suministro que nutren a las organizaciones criminales.


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