El fatal accidente automovilístico que destapó la presencia y muerte de dos presuntos agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en la Sierra Tarahumara ha desatado una tormenta política y diplomática sin precedentes. Este miércoles, el Pleno del Senado de la República aprobó convocar a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, y a su fiscal general, César Gustavo Jáuregui Moreno, para que rindan cuentas sobre la operación no autorizada de fuerzas extranjeras en territorio mexicano.
La cita, programada para el próximo martes 28 de abril a las 11:00 horas ante las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Seguridad Pública, busca esclarecer las circunstancias del operativo del 19 de abril que culminó en tragedia. El citatorio legislativo exige a la administración estatal un reporte documental que detalle la cronología de los hechos, la cadena de mando y las comunicaciones previas con las autoridades federales.
Sheinbaum exige respuestas y defiende la soberanía
Durante su conferencia matutina de este 22 de abril, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fue tajante: la participación de agentes del gobierno estadounidense en el desmantelamiento de un narcolaboratorio en Chihuahua se realizó a espaldas de la Federación.
“No había conocimiento de la colaboración y no se informó”, sentenció la mandataria, revelando que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ya envió una nota diplomática al embajador de Estados Unidos para exigir toda la información pertinente. Sheinbaum advirtió que este acto configura una clara violación a la Ley de Seguridad Nacional y al artículo 40 de la Constitución, el cual prohíbe estrictamente la intervención extranjera en tareas de investigación en el país sin el aval expreso del Estado Mexicano.
“Es un tema de seguridad nacional y soberanía, por eso no es menor lo que ocurrió”, enfatizó la titular del Ejecutivo, confirmando que en los próximos días sostendrá una reunión privada con la gobernadora Maru Campos y la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, para abordar frontalmente la crisis.
Debate en el Senado: Federalismo vs. Seguridad Nacional
El punto de acuerdo impulsado por Morena desató un intenso choque en la Cámara Alta. Óscar Cantón Zetina, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, advirtió sobre una «presunción de responsabilidad política y jurídica» en el gobierno chihuahuense por omisión y falta de coordinación. En esta misma línea, el senador morenista y exgobernador, Javier Corral, acusó a la actual administración estatal de intentar engañar a la opinión pública al ocultar la infiltración de autoridades norteamericanas en labores de la fiscalía.
📷 Durante la reunión senadoras y senadores analizaron reunirse con representantes del poder ejecutivo y judicial de Chihuahua para dialogar sobre acciones en materia de seguridad nacional. https://t.co/TefKEeCQZM pic.twitter.com/WORjxTiAtH
— Senado de México (@senadomexicano) April 22, 2026
En defensa de la mandataria, el coordinador panista, Ricardo Anaya, respaldó la asistencia de Campos asegurando que acudirá a «dar clases de cómo se combate al crimen organizado». Sin embargo, calificó el citatorio como un acto con tintes políticos y exigió que, bajo el mismo criterio, se llame a comparecer a los gobernadores de Sinaloa y Baja California.
Por su parte, legisladores de Movimiento Ciudadano y el PRI cuestionaron la legalidad del dictamen. Argumentaron que el Senado carece de facultades constitucionales para llamar a comparecer a una gobernadora por estos hechos, señalando que la exigencia debió dirigirse al titular de la SRE por ser el responsable de la política exterior y el control diplomático.
El saldo de la operación encubierta
La controversia estalló luego de que un vehículo de la Agencia Estatal de Investigación cayera a un barranco en el municipio de Morelos tras un operativo contra laboratorios de drogas sintéticas. En el siniestro perdieron la vida los estadounidenses Richard Leiter Johnston y John Dudley Black —identificados por la prensa internacional como oficiales de la CIA— y los agentes mexicanos Pedro Román Oseguera Cervantes y Manuel Genaro Méndez Montes.
Aunque inicialmente la fiscalía de Chihuahua intentó matizar el hecho argumentando que los estadounidenses solo realizaban labores de adiestramiento, la confirmación de su presencia operativa ha derribado la narrativa estatal, obligando a la Federación a trazar una línea inquebrantable en defensa de su soberanía institucional y territorial.
(Con información de Senado de la República, Silvia Arellano y Liliana Padilla / MILENIO, Cristina Hernández / EL FINANCIERO, Víctor Gamboa y Luis Carlos Rodríguez / EL UNIVERSAL, Alejandro Garita / LA SILLA ROTA, Mijael Mendoza / POLEMÓN, N+, Micaela Varela / EL PAÍS, Mario Camarillo Cortés / LA CRÓNICA DE HOY).