En una controversia que evoca el dicho popular «si tienes para el whiskey, tienes para los hielos», el senador Gerardo Fernández Noroña se encuentra en el centro de un escándalo fiscal y administrativo. El alcalde de Tepoztlán, Morelos, Perseo Quiróz, reveló que la propiedad del legislador, valuada en 12 millones de pesos, no figura en el catastro municipal y, en consecuencia, no cubre el impuesto predial correspondiente.
La respuesta de Noroña fue inmediata y contundente, no para aclarar el pago, sino para desviar la responsabilidad. A través de sus redes sociales, calificó al alcalde de «incompetente» y esgrimió un argumento legalista para su defensa: «Yo no tengo propiedades en Tepoztlán, por ello no tengo que pagar impuesto predial».
Según el senador, como está pagando la casa a través de un crédito, la obligación fiscal recae todavía en la persona que se la vendió. Para respaldar su dicho, compartió la imagen de un recibo por 3,777 pesos, asegurando que la dueña anterior ya había cubierto el pago de 2025. Acto seguido, cuestionó: «¿Es desorden administrativo o corrupción en Tepoztlán?».
Sin embargo, las declaraciones del alcalde Quiróz pintan un panorama más complejo. Explicó que la situación de la casa de Noroña no es única en un municipio con un crecimiento desordenado, donde de unas 15,000 viviendas existentes, menos de la mitad, cerca de 7,000, están registradas en el catastro.
A la polémica fiscal se suma una de carácter ambiental y de propiedad. El Comisariado de Bienes Comunales de Tepoztlán ha señalado que el terreno donde se asienta la residencia, en el Paraje Mozoquila, es un área natural protegida y que en sus archivos no existe constancia de posesión a nombre del senador. Esto ha provocado incluso protestas de comuneros frente a la propiedad, quienes argumentan que la transferencia del terreno debió ser aprobada en asamblea, cosa que, afirman, nunca ocurrió.
La controversia escaló tras revelarse la adquisición de la propiedad, a lo que Noroña respondió en su momento con un tajante: «Yo no tengo ninguna obligación personal de ser austero». Ahora, el debate no es sobre austeridad, sino sobre la responsabilidad cívica de un alto representante popular frente a sus obligaciones tributarias municipales.