Fotografía: Mientras argumenta motivos de salud pública, la Propaem señala violaciones a los protocolos.
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La senadora de Morena, Mariela Gutiérrez Escalante, se encuentra en el centro de la polémica nacional tras admitir públicamente que durante su administración como presidenta municipal de Tecámac, Estado de México (2019-2024), se aplicó la eutanasia a alrededor de 10 mil perros.

El escándalo estalló luego de que la activista y defensora de los derechos animales, Zyanya Polastri, difundiera un video en redes sociales. En la grabación, se observa a la entonces alcaldesa en una acalorada discusión con funcionarios de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México (Propaem), a quienes les reconoce el sacrificio de los animales al interior del Centro de Bienestar Animal del municipio.

«Ciertamente hay libros donde se tienen que sacrificar animales, animales de calle, que quede bien claro. Y sí no lo negamos, sí se han tenido que sacrificar animales, pero todo con estricto apego a la norma. Yo nunca les mentí, está en el informe de gobierno», se escucha decir a Gutiérrez Escalante en el material audiovisual.

Irregularidades y denuncias cruzadas

Mientras la legisladora sostiene que las acciones se fundamentaron en la NOM-033-SAG/ZOO-2014, autoridades de la Propaem presentes en el video acusaron que las órdenes se ejecutaron fuera del marco legal. Los funcionarios ambientales señalaron la falta de diagnósticos previos y la ausencia de capacitación adecuada del personal involucrado, contraviniendo la norma que prohíbe el sacrificio de animales sanos por falta de recursos o negligencia.

Por su parte, colectivos animalistas exigen una investigación profunda y el esclarecimiento de los hechos. Denuncian no solo la muerte masiva de los caninos y felinos, sino también el presunto uso indebido de recursos públicos y el desecho de cadáveres en tiraderos clandestinos, afirmando que las cifras reales podrían ser aún mayores.

La defensa de la senadora

Ante la fuerte presión mediática, impulsada por la difusión del caso en redes sociales a través de los espacios de periodistas como Azucena Uresti y Enrique Muñoz, la legisladora ofreció una serie de entrevistas y una conferencia de prensa en el Senado de la República para justificar sus acciones.

Gutiérrez Escalante argumentó que la situación respondió a una crisis de salud pública y sobrepoblación, descartando que se tratara de una decisión a la ligera. Detalló que de los 10 mil casos, más de 7 mil 300 perros fueron entregados directamente por sus dueños al tratarse de animales en condiciones ferales, enfermos, desahuciados o de edad avanzada.

Asimismo, defendió el trabajo del Centro de Bienestar Animal de Tecámac, destacando que durante su gestión se realizaron más de 50 mil esterilizaciones, más de tres mil adopciones y se brindaron cuatro mil atenciones veterinarias, sumando un total de 80 mil perritos en situación de calle atendidos.

El caso ha generado un fuerte choque de posturas y severos cuestionamientos, acentuados por el hecho de que la actual senadora participó activamente en noviembre de 2024 en la discusión de una reforma constitucional en materia de protección y cuidado animal desde su curul; una acción que el sector animalista considera en contraste directo con las políticas de sacrificio aplicadas bajo su mandato municipal.


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