La Universidad Politécnica de Tulancingo (UPT) se encuentra en el centro de una fuerte polémica tras decidir la expulsión definitiva del alumno Manuel Martínez, quien golpeó a un profesor a quien había denunciado previamente por acoso y bullying. En marcado contraste, el docente implicado solo ha sido suspendido temporalmente de sus funciones, conservando intactos sus derechos laborales.
El pasado 25 de julio un alumno de la Universidad Politécnica de Tulancingo agredió a un profesor, aseguró que era buleado por el docente. De acuerdo con estudiantes ya habían denunciado abusos. La Universidad informó que el maestro fue suspendido temporalmente de sus funciones pic.twitter.com/Jo3OBOODHD
— Jacqueline Servín (@JaquiServin) July 28, 2025
La decisión del Consejo Universitario ha sido calificada como una injusticia por la comunidad estudiantil, que este lunes bloqueó los accesos al plantel en señal de protesta. Los manifestantes, al grito de «¡Fuera rector!», exigieron un alto al acoso institucional y acusaron a la directiva de proteger al personal docente a costa de las víctimas.
La paradoja del caso reside en las propias declaraciones del subsecretario de Educación Media Superior y Superior, Daniel Fragoso Torres. Aunque justificó la expulsión de Manuel argumentando que «la violencia no se puede tolerar», también admitió públicamente la existencia de un «problema grave en la cadena de mando» de la UPT.
Fragoso reconoció que no existe ningún registro formal de las quejas de Manuel, pero confirmó que el estudiante sí las manifestó verbalmente a su tutor y este a su coordinador. «Al haber esta manifestación verbal, ellos debieron de haber iniciado algún tipo de acción institucional, la cual no realizaron», admitió el funcionario, evidenciando una cadena de omisiones que dejó al alumno sin el respaldo debido.
La voz de la víctima y la sanción mínima al agresor
Manuel Martínez, quien cursaba la licenciatura en Comercio Exterior y Aduanas, ha declarado que su reacción fue el resultado de semestres de hostigamiento. «Fue una constante burla, amenazas, bullying, acoso», afirmó el joven, quien asegura que el día del altercado el profesor también tenía intenciones de agredirlo.
A pesar de estos antecedentes y de la falla institucional reconocida, la sanción más severa recayó sobre el estudiante.
Mientras tanto, el profesor señalado enfrenta un futuro incierto pero considerablemente menos drástico. Fue separado de su cargo temporalmente mientras el Comité de Ética y Conflicto de Interés determina si incurrió en alguna falta. Se espera una resolución en un plazo de tres a cinco días, pero mientras tanto, su relación laboral con la universidad está protegida.
La comunidad estudiantil y la opinión pública ahora cuestionan la doble moral de una institución que castiga la reacción con la máxima severidad, pero tolera la omisión y el presunto acoso que la provocaron.