La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ha implementado el Programa de Racionalidad Presupuestaria 2025, una medida que, según el rector Leonardo Lomelí Vanegas, busca optimizar el uso de los recursos públicos y garantizar la transparencia. Sin embargo, esta iniciativa ha desatado una fuerte controversia en la comunidad universitaria y académica, que acusa al programa de poner en riesgo la calidad educativa y el desarrollo de la investigación.
Si bien la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, celebró la decisión de la UNAM al declarar que “me parece muy bien”, y el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, lo calificó como un ejemplo de honestidad y eficacia, estudiantes, docentes e investigadores han levantado la voz.
Las medidas incluyen la prohibición de crear nuevas plazas laborales, salvo para proyectos académicos estratégicos, y la limitación de remodelaciones a espacios académicos y de investigación. Además, se reducirán en un 30% los viáticos, pasajes aéreos y gastos en reuniones de trabajo, y se restringirá la contratación de líneas telefónicas.
Críticos señalan que estas acciones podrían afectar la contratación de nuevos talentos, la expansión de la matrícula estudiantil y el desarrollo de proyectos científicos de vanguardia. “La UNAM siempre ha sido un bastión de pensamiento crítico y libertad académica. Reducir recursos en áreas clave podría mermar nuestra capacidad de innovación y competitividad a nivel internacional”, expresó un profesor de la Facultad de Ciencias.
Por otro lado, defensores del programa argumentan que la racionalidad presupuestaria es necesaria para combatir el despilfarro y garantizar que los fondos públicos se destinen a las verdaderas necesidades de la comunidad estudiantil.
La implementación de este plan pone a la UNAM en la encrucijada: ¿Se trata de una medida necesaria para la eficiencia financiera o de un golpe que debilitará su prestigio como la máxima casa de estudios del país?