La zona limítrofe entre los municipios de Nicolás Ruiz y Venustiano Carranza, en Chiapas, se convirtió en escenario de terror la tarde del 24 de abril de 2026, luego de que un comando armado incursionara en la región disparando contra la población civil. El saldo de la jornada violenta es incierto, pues las cifras oficiales contrastan drásticamente con los reportes de las organizaciones campesinas y de derechos humanos.
De acuerdo con la Organización Campesina Emiliano Zapata-Casa del Pueblo (OCEZ-CP), la violencia estalló alrededor de las 15:00 horas. Testimonios detallan que sujetos fuertemente armados, a bordo de cinco camionetas blancas polarizadas, ingresaron a Nicolás Ruiz disparando ráfagas. Posteriormente, los agresores se trasladaron hacia Venustiano Carranza, donde atacaron un bloqueo pacífico que mantenían los comuneros.
Los pobladores identifican a los atacantes como una célula del crimen organizado y paramilitares vinculados a la Alianza San Bartolomé de los Llanos (ASBALL), y acusan a las autoridades de permitir su operación para reprimir las protestas sociales en la zona, originadas por disputas agrarias y trabajos irregulares de «brecheo».
Guerra de cifras y versiones encontradas
La Fiscalía General del Estado (FGE) catalogó los hechos como un “enfrentamiento entre pobladores y un grupo civil armado”. Su reporte oficial, emitido tras un despliegue de más de 200 elementos de seguridad, confirma dos personas fallecidas (identificadas como Maricruz Moreno Gordillo y Luis Alfonso López Sánchez), siete lesionados y una persona no localizada. El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar señaló que los heridos reciben atención médica y se instalaron mesas de diálogo.
Sin embargo, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) y las autoridades de Bienes Comunales manejan otros datos. En su declaratoria de «acción urgente», denuncian el asesinato de dos comuneros: José Alfredo Jiménez Paredes y Luis Ángel Gómez Ramírez. Además, exigen la presentación con vida de Ángel Jiménez López, desaparecido desde la agresión, y denuncian reportes de cuerpos no identificados abandonados en las carreteras aledañas.
Alerta máxima ante la amenaza de nuevos ataques
El Frayba exigió a los gobiernos federal y estatal medidas cautelares inmediatas, atención médica urgente para los heridos de gravedad (entre ellos Romeo López Pérez y Raquel López Díaz) y una investigación eficaz que evite la revictimización.
Ante la inacción de las autoridades durante las primeras horas del ataque —y el historial de omisiones que obligó a estas comunidades a crear guardias civiles a inicios de 2025—, el pueblo de Nicolás Ruiz y comunidades vecinas han decretado «alerta máxima». Las calles se mantienen bajo el asedio de rumores sobre el regreso de caravanas armadas, mientras la OCEZ-CP responsabiliza a los tres niveles de gobierno de cualquier escalada violenta en la defensa de su territorio.