La muerte de cuatro personas —dos elementos estatales y dos agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA)— durante un accidente carretero en Chihuahua ha destapado una grave fractura en los protocolos de seguridad nacional y la cooperación bilateral. El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México confirmó que los agentes estadounidenses operaban en la clandestinidad operativa, sin acreditación formal ni autorización federal para intervenir en territorio nacional.
De acuerdo con los registros migratorios revelados, el estatus de los estadounidenses era irregular para las tareas que desempeñaban: uno ingresó al país en calidad de visitante (turista), sin permiso para actividades remuneradas, mientras que el otro portaba un pasaporte diplomático.
El Gabinete de Seguridad informa: pic.twitter.com/eNWvD6l4om
— Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) April 25, 2026
En un comunicado oficial, el Gabinete de Seguridad, respaldado por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), fue categórico al deslindarse del operativo: ninguna dependencia federal tenía conocimiento de que elementos extranjeros estuvieran participando físicamente en acciones tácticas en México.
De la coartada estatal a la intervención antinarcóticos
El trágico saldo ocurrió el pasado 19 de abril, cuando el vehículo en el que viajaban los oficiales se desbarrancó en una zona de curvas de la carretera Chihuahua–Ciudad Juárez. El convoy regresaba del municipio de Morelos, en la zona serrana, tras desmantelar uno de los laboratorios clandestinos de drogas sintéticas más grandes encontrados en el país.
Inicialmente, las autoridades de Chihuahua intentaron minimizar el hecho asegurando que los estadounidenses eran instructores de la embajada que realizaban labores de entrenamiento en «manejo de drones». Sin embargo, la realidad de la operación conjunta fue expuesta poco después.
Sheinbaum exhibe a Chihuahua; la Constitución es clara
La presidenta Claudia Sheinbaum ha calificado el incidente como una violación directa a la soberanía. Durante sus conferencias matutinas, señaló que la falla principal recae en el gobierno de Chihuahua y su Fiscalía, quienes solicitaron la colaboración extranjera saltándose el marco jurídico.
La Constitución en su artículo 40 y la Ley de Seguridad Nacional (artículos 69 y 71) prohíben estrictamente que agentes extranjeros ejerzan facultades reservadas a las autoridades mexicanas o participen en operativos de campo, limitando su labor al intercambio de información y siempre bajo el escrutinio de la SRE.
Ante la crisis, la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, y el fiscal estatal, César Jáuregui, han sido llamados a comparecer ante el Senado. A la par, Campos sostuvo este viernes una reunión a puerta cerrada con el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, para intentar limar asperezas y prometer que se fortalecerá la colaboración institucional «en defensa de la soberanía».
Por su parte, el Gobierno federal ha reiterado sus condolencias a las familias de las víctimas, mientras que la Casa Blanca se ha limitado a pedir «compasión» por el duelo que enfrentan. La CIA se ha negado a emitir comentarios sobre el fracaso de una operación encubierta que hoy mantiene en tensión la relación bilateral.