Las modalidades de robo han migrado de las calles al entorno digital, y con ello, los vacíos legales han dejado en la indefensión a miles de usuarios. Ante este panorama, en el Congreso de la Ciudad de México se presentó una iniciativa que busca tipificar formalmente el fraude por suplantación de instituciones bancarias o financieras.
La propuesta, impulsada por el diputado Andrés Sánchez Miranda (PAN), busca actualizar el Código Penal capitalino para sancionar severamente a los delincuentes que utilicen llamadas telefónicas, correos electrónicos, aplicaciones de mensajería o herramientas de Inteligencia Artificial para engañar a la población y despojarla de su patrimonio.
El blanco principal: los adultos mayores
Durante su intervención en tribuna, el legislador advirtió que el actual marco legal está incompleto y es incapaz de blindar a la ciudadanía frente a una «injusticia silenciosa» que vulnera la intimidad de los hogares.
“Hablo en nombre de nuestros padres, de nuestros abuelos, nuestros vecinos, de nuestros viejitos, que son quienes no han tenido en su día a día la forma de tener un avance tecnológico que les permita enfrentar las nuevas formas de fraude y extorsión», señaló Sánchez Miranda, destacando que el uso de Inteligencia Artificial en llamadas telefónicas es una de las tácticas más recientes y peligrosas.
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De acuerdo con estimaciones de la UNAM, la población de adultos mayores en México alcanzó los 17 millones en 2025. En la capital del país, este sector representa el 13 por ciento de los habitantes, y se proyecta que para 2030, una de cada cinco personas en la Zona Metropolitana tenga 60 años o más.
Al ser una generación que creció cimentada en vínculos de confianza interpersonal y sin exposición temprana a la era digital, se han convertido en el objetivo predilecto de las redes de ciberdelincuencia.
Los delitos cibernéticos al alza
La iniciativa detalla que la brecha digital hace a los adultos mayores susceptibles a diversas estafas. Datos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) confirman que la extorsión cibernética encabeza las incidencias con un 25 por ciento de los casos, seguida muy de cerca por el phishing (suplantación de páginas o entidades legítimas).
Además del fraude bancario, los criminales recurren a tácticas como el falso soporte técnico, el secuestro de redes sociales y cuentas de correo, las estafas románticas en plataformas de citas y la promesa de premios falsos o loterías inexistentes.
Tras su presentación en el pleno, la iniciativa fue turnada a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, donde será analizada y dictaminada para su eventual votación. De aprobarse, la capital del país daría un paso crucial para adaptar su justicia penal a la realidad de la era digital.
Redactado por: Oralia Galindo