La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo descartó conceder el indulto a Mario Aburto Martínez, asesino confeso de Luis Donaldo Colosio Murrieta. Ante la petición del senador Luis Donaldo Colosio Riojas de dar un cierre definitivo al caso a 32 años del magnicidio, la titular del Ejecutivo federal determinó que el crimen constituyó un «asunto de Estado», imposibilitando una resolución unilateral.
Durante su conferencia matutina, la mandataria expresó solidaridad humana con el legislador de Movimiento Ciudadano por la trágica pérdida de sus padres en 1994. Sin embargo, aclaró que la naturaleza del crimen impidió que el perdón quedara en manos de una decisión presidencial, marcando una clara línea entre la empatía personal y las implicaciones institucionales.
Previamente, reportes periodísticos —incluyendo la cobertura de Jessica Ignot— documentaron que Colosio Riojas denunció la falta de voluntad para hacer justicia y el uso político del expediente durante más de tres décadas. El legislador argumentó que prolongar el caso únicamente lastimó a nuevas generaciones y pidió a las autoridades enfocarse en los problemas actuales de seguridad, subrayando que, en lo personal, él perdonó a Aburto hace años.
“Que Dios la bendiga”, responde Luis Donaldo Colosio a Claudia Sheinbaum tras rechazar el indulto a Mario Aburto.
El senador acusa que el caso se usa con fines políticos y lo califica como “perversidad”; pide darle carpetazo. La presidenta sostiene que es un asunto de… pic.twitter.com/Fb0woY740Q
— Azucena Uresti (@azucenau) March 24, 2026
En este contexto de tensión política, Sheinbaum Pardo aprovechó para referirse al futuro electoral de Colosio Riojas. La mandataria calificó como un movimiento «curioso» que el actual senador representante de Nuevo León explorara una candidatura para la gubernatura de Sonora, estado natal de su padre, aunque reconoció que estaba en su pleno derecho de participar.
Mientras el debate político se reactivó, la ruta legal del caso continuó abierta. La defensa de Mario Aburto, encabezada por el abogado Jesús González Schmal, reiteró que el proceso judicial presentó vicios y actos de tortura desde su origen. Argumentaron que, al ser juzgado bajo el Código Penal de Baja California de 1994, la pena máxima de 30 años ya se cumplió.
Debido a que la Fiscalía General de la República impugnó el amparo que anuló la sentencia original en 2023, el caso se mantuvo en revisión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ante este panorama, la defensa advirtió que recurrirán a instancias internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, si no se confirma la liberación del sentenciado.