El Sistema de Justicia Acusatorio de Baja California dictó auto de vinculación a proceso penal en contra del exgobernador Jaime Bonilla Valdez. Un juez determinó que existían elementos suficientes para juzgarlo, en calidad de coautor y con dolo, por los delitos de peculado, abuso de autoridad y uso ilícito de atribuciones y facultades.
El proceso judicial, radicado en la causa penal 4931/2022 a cargo del juez Gerardo Anguiano, se centró en las presuntas irregularidades cometidas durante la administración estatal (2019-2021) al otorgar un contrato a la empresa Next Energy.
De acuerdo con la carpeta de investigación de la Fiscalía General del Estado, el acuerdo contemplaba la construcción de una planta de generación de energía fotovoltaica en el Valle de Mexicali, una obra que nunca se materializó. El contrato comprometía a la administración a pagar 123 millones de pesos mensuales durante 30 años, lo que representaba una carga financiera total de 35 mil millones de pesos garantizada mediante participaciones federales. Adicionalmente, se detectó una inversión estatal inicial de mil 300 millones de pesos.
Tras una audiencia que comenzó el 23 de marzo y se prolongó por casi 24 horas, la autoridad judicial fijó el pago de una garantía de 100 mil pesos como medida cautelar. Esto permitió que el exmandatario enfrente el proceso en libertad, mientras transcurre el plazo de seis meses otorgado para la investigación complementaria.
Al abandonar el Juzgado 6 del Centro de Justicia Alternativa, Bonilla declaró ante medios como el diario La Jornada y el semanario Zeta que la resolución no le causaba sorpresa. «Sabíamos que nos iban a vincular […] nada más para que aprendan y no se anden peleando con la gobernadora», expresó, tras justificar sus inasistencias a 12 audiencias previas argumentando compromisos de viaje y la falta de un domicilio en Mexicali.
Por su parte, la actual gobernadora, Marina del Pilar Ávila, rechazó categóricamente que el proceso judicial respondiera a motivaciones políticas. En conferencia de prensa, la mandataria aseguró que la investigación se inició desde el arranque de su gestión con el único objetivo de proteger el patrimonio local, argumentando que el contrato multianual representaba un grave riesgo para las finanzas públicas de Baja California.