La entrada en vigor de la nueva Ley de Aguas Nacionales, aprobada en diciembre de 2025, ha comenzado a desmantelar un entramado de corrupción, acaparamiento y especulación que durante décadas operó bajo la figura legal de las transmisiones de derechos. De acuerdo con el gobierno federal, esta práctica generó un lucrativo «mercado negro del agua» que enriqueció a particulares mientras marginaba a comunidades enteras del acceso al vital líquido.
En un informe detallado presentado este lunes por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales López, se dio a conocer que las autoridades han detectado un adeudo presuntivo cercano a los 12 mil millones de pesos. Este déficit proviene de grandes corporativos que extraían más agua de la permitida, no contaban con medidores o simplemente evadían el pago de derechos federales.
La nueva normativa tiene como uno de sus ejes rectores eliminar las transmisiones entre particulares y terminar con el acaparamiento del recurso. Según la mandataria federal, el modelo consolidado desde 1992 permitía que el agua, un bien de la nación, se convirtiera en una mercancía sujeta al mejor postor.
El escándalo de las embotelladoras y refresqueras
Uno de los casos más representativos del abuso de concesiones involucra a una «muy famosa» refresquera transnacional. Las inspecciones de la Conagua revelaron un adeudo presuntivo de 234 millones de pesos por parte de la compañía. Se detectó que operaba bajo 18 títulos de concesión con una diferencia volumétrica de 2,842,145 $m^{3}$ de agua extraída que no registraban pago alguno.
Además, las autoridades documentaron que 10 de estos títulos sobreexplotaban la concesión en casi un millón de $m^{3}$ , 42 de las concesiones operaban sin un medidor instalado y 10 títulos incumplían sistemáticamente con los pagos correspondientes. Tras el inicio de las indagatorias y ante el riesgo de la cancelación de sus concesiones, la empresa ya ha realizado un pago inicial de 52 millones de pesos para regularizar su situación.
En un esquema paralelo, una empresa embotelladora de agua fue sorprendida operando con severas irregularidades: construcciones en zona federal sin permisos , descargas de aguas residuales sin autorización y la evasión de pagos, ya que de tres títulos de concesión que poseía, únicamente pagaba uno. La embotelladora acumuló un adeudo inicial de 43.88 millones de pesos , del cual ya ha abonado 23.65 millones de pesos tras la intervención federal.
El uso político y privado de concesiones agrícolas
El informe de la Conagua también expuso cómo concesiones otorgadas gratuitamente para la producción de alimentos fueron desviadas hacia fines de lucro. El caso más sonado es el de la familia del diputado federal Mario Calzada y del exgobernador de Querétaro, José Eduardo Calzada Rovirosa.
Según los datos oficiales, la familia Calzada concentraba 628,000 $m^{3}$ de agua en 5 títulos de concesión en el estado de Querétaro. Uno de estos pozos, con uso agrícola y pecuario, se utilizaba en realidad para comercializar agua en pipas. Otro título agrícola fue desviado para regar las vastas áreas verdes de un exclusivo Club de Polo y Ski «El Marqués», así como para abastecer desarrollos inmobiliarios privados, evadiendo el pago de impuestos. Ambos aprovechamientos ya fueron clausurados por la autoridad.
Bajo la nueva ley, el artículo 119 faculta a la Conagua a sancionar severamente los cambios de uso de concesiones no autorizados, imponiendo la clausura de obras, suspensión o revocación de títulos, y multas que pueden alcanzar los 3,519,300 pesos. De igual forma, el artículo 123 BIS 3 tipifica como delito la extracción ilegal y traslado de aguas nacionales con fines de lucro, con penas de prisión y sanciones económicas.
Justicia social y ordenamiento hídrico
La reestructuración legal también ha permitido hacer justicia histórica a las entidades municipales. Un ejemplo de esto ocurrió en Baja California. Desde el año 2002, el Distrito de Riego 014 del Río Colorado transmitía el agua a los municipios de Tijuana, Rosarito, Tecate, Mexicali y Ensenada, cobrándoles sumas millonarias. Tan solo en los últimos cinco años, estos pagos ascendieron a 531 millones 214 mil 485 pesos. Con la reforma, el gobierno federal ha entregado de manera directa los títulos de asignación a los municipios, garantizando que el agua sea un derecho y no un servicio subcontratado.
En materia de ordenamiento, inspección y vigilancia, la nueva estrategia ha sido contundente. La Conagua, en coordinación con elementos de la Guardia Nacional , ha ejecutado 7,614 inspecciones a nivel nacional , lo que ha derivado en 1,006 clausuras o suspensiones definitivas de obras irregulares.
Perspectivas de recaudación y fortalecimiento institucional
El combate al robo y evasión en el sector hídrico ya refleja números positivos para las arcas de la nación. Históricamente, el pago de derechos de agua había mostrado un crecimiento marginal. Sin embargo, en 2025, el ingreso alcanzó los 30,635 millones de pesos. Para este año 2026, la dependencia proyecta una recaudación histórica de 37,000 millones de pesos. Este incremento de 6,300 millones de pesos representa un alza del 21% respecto al año anterior. Estos recursos, aseguró la administración federal, serán reinvertidos en infraestructura hídrica para garantizar el abasto a las comunidades más vulnerables y reconocer los sistemas comunitarios de agua en pueblos indígenas.
230326 Conagua-Impactos positivos de la nueva Ley de AguasLa transformación en la gestión de las aguas nacionales marca un hito en la administración pública. Lejos de la especulación y la comercialización indiscriminada, el Estado busca retomar la rectoría de sus recursos naturales, advirtiendo que ninguna empresa o figura política estará por encima de la nueva Ley de Aguas.
La información contenida en esta nota ha sido sintetizada e investigada a partir de los reportes, datos y coberturas de la conferencia presidencial y la Comisión Nacional del Agua, con información recabada de los periodistas y medios de comunicación: La Jornada (Emir Olivares y Alonso Urrutia), El Financiero, El Universal (Pedro Villa y Caña / Salvador Corona), Expansión Política (Lidia Arista), Excélsior (Fernando Dávila), El País (Micaela Varela), IMER Noticias (Laura Velarde), El Sol de México (Rafael Ramírez) y El Economista (Arturo Rojas), así como la presentación oficial «Impactos Positivos de la Nueva Ley de Aguas» (Conagua, 23 de marzo de 2026).