El rumbo de las investigaciones por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa ha tomado un nuevo cauce enfocado en la ciencia y el rastreo telefónico. Este lunes 23 de marzo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reveló que un renovado esquema de investigación por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) ha arrojado hallazgos clave, destacando el aseguramiento de la funeraria “El Ángel” en Iguala, Guerrero, lugar donde recientemente se localizaron fragmentos óseos etiquetados con el año 2014.
Durante su habitual conferencia de prensa, la mandataria detalló que este establecimiento operaba con graves irregularidades administrativas y contaba con hornos crematorios. Derivado de las pesquisas, los propietarios del inmueble ya se encuentran detenidos. Las instalaciones, que colindan con el Servicio Médico Forense (Semefo), habían aparecido en investigaciones previas del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), pero en su momento fueron descartadas.
Apenas el pasado viernes, madres y padres de los normalistas recorrieron la funeraria acompañados por autoridades federales para conocer de primera mano los hallazgos, que incluyen prendas de vestir y áreas bajo estricto análisis pericial. Para evitar interferencias en el proceso judicial y mantener la transparencia, Sheinbaum adelantó que solicitará a la FGR la presentación de un informe técnico detallado y público sobre este sitio, además de señalar la urgente necesidad de regular estos espacios a nivel federal.
La nueva estrategia y el papel de la ONU
Este giro en el caso responde al relevo en la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa. De acuerdo con la titular del Ejecutivo, se observó que la gestión anterior, encabezada por Rosendo Gómez Piedra, no agotó el análisis de diversas herramientas. El nuevo fiscal ha implementado métodos inéditos, destacando una valoración exhaustiva de las sábanas de llamadas telefónicas de la noche del 26 de septiembre de 2014 y los días posteriores. Esta estrategia ya ha derivado en nuevas detenciones y la apertura de puntos de búsqueda inéditos.
#MañaneraPresidenta || Luego de que en días recientes la FGR citara a los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa a una funeraria en Iguala, la jefa del Ejecutivo comentó que dicha funeraria operaba con irregularidad y que sus crematorios están posiblemente… pic.twitter.com/87DwZ8ssET
— El Chamuco (@El_Chamuco) March 23, 2026
Para dotar de absoluta legitimidad a este proceso, el Gobierno de México solicitó formalmente a la representación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en el país que recomiende a un grupo de expertos internacionales. Su misión será certificar la validez y el rigor científico de las nuevas líneas de investigación.
Aunque los familiares de los estudiantes han pugnado por el regreso de los especialistas del GIEI, la Presidenta admitió que tras sostener diálogos a través del subsecretario de Derechos Humanos, Arturo Medina, los antiguos investigadores «no están muy abiertos» a integrarse a este nuevo modelo de trabajo, aunque las conversaciones continúan.
El frente judicial y los documentos castrenses
En paralelo al trabajo de campo, la batalla legal por el acceso a la información se intensifica. Respecto a la reciente resolución del Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa —que el pasado 19 de febrero ordenó al Ejército Mexicano entregar más de 850 folios presuntamente generados por el Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CFRI) en Iguala—, la presidenta fue tajante al respaldar a las Fuerzas Armadas.
“Sedena lo que dice, y es lo que sostiene, es que se ha entregado todo lo que se tiene que entregar desde hace tiempo”, afirmó Sheinbaum Pardo, dejando en claro que el desenlace de esta controversia, al igual que los recursos interpuestos por la negativa de acceso a los archivos militares, quedará en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
El Máximo Tribunal también tiene en la mira otros obstáculos judiciales que han empantanado la justicia, como las resoluciones emitidas desde 2018 por el Primer Tribunal Colegiado en Tamaulipas. Dichos fallos ordenaron la liberación de presuntos implicados bajo el argumento de tortura y exigieron la creación de una Comisión de la Verdad, una medida que, según el Gobierno federal, podría poner en riesgo los avances actuales, por lo que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha solicitado que la Corte atraiga el asunto de manera definitiva.
A más de once años de la trágica noche de Iguala, el Estado mexicano asegura estar cerrando las brechas de impunidad mediante la tecnología y la reconstrucción institucional, en un caso que sigue siendo la herida abierta más profunda del sistema de justicia en México.
Nota de redacción: Para la elaboración de este artículo se recopiló información y reportes de Dalila Escobar (Proceso), Sugeyry Romina Gándara (Sin Embargo), Alonso Urrutia y Emir Olivares (La Jornada), Salvador Corona y Pedro Villa y Caña (El Universal), así como despachos informativos de Animal Político, EFE, Swissinfo.ch y El Independiente.