El Pleno del Senado de la República aprobó por unanimidad la reforma al artículo 127 constitucional, la cual pone fin a las llamadas “pensiones doradas” de exfuncionarios de altos mandos en organismos descentralizados y empresas públicas del Estado, como Pemex y CFE.
La iniciativa, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, establece un límite estricto: ninguna pensión con cargo al erario podrá exceder el 50% de la remuneración mensual de la titular del Ejecutivo, fijando un tope de aproximadamente 70 mil pesos mensuales. Con esta medida, el Gobierno Federal proyecta un ahorro de 5 mil millones de pesos.
La reforma, que ahora pasa a la Cámara de Diputados para su discusión, busca erradicar casos de jubilaciones desproporcionadas. Durante el debate, el senador Óscar Cantón Zetina, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, ilustró la problemática al revelar que existe un extrabajador de la extinta Luz y Fuerza del Centro que percibe más de un millón de pesos al mes por concepto de pensión.
El Senado aprobó la reforma constitucional para limitar las pensiones de entidades públicas.
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— Senado de México (@senadomexicano) March 11, 2026
Excepciones en la ley
El dictamen aprobado estipula que las nuevas reglas no aplicarán para las Fuerzas Armadas. Tampoco afectarán a las jubilaciones constituidas a partir de aportaciones voluntarias a las Afores, las derivadas de aportaciones sindicales ni las pensiones no contributivas.
Por parte de la bancada de Morena, legisladoras como Beatriz Mojica Morga celebraron el consenso, asegurando que se eliminan privilegios heredados y se fortalece la justicia social sin afectar a la base trabajadora del país.
La oposición: a favor, pero con reclamos
A pesar de que las bancadas del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano (MC) aportaron sus votos para lograr los 116 sufragios a favor, aprovecharon la tribuna para señalar lo que consideran deficiencias jurídicas y políticas en el dictamen.
Uno de los puntos más debatidos fue la retroactividad. La senadora priista Carolina Viggiano y Alejandra Barrales de MC advirtieron que aplicar estos cambios a pensiones ya otorgadas podría vulnerar derechos laborales y generar incertidumbre jurídica en el país. Ante esto, la bancada oficialista argumentó que, al tratarse de una reforma a la Carta Magna, el principio de supremacía constitucional prevalece sobre la retroactividad de leyes secundarias.
Otro reclamo fue la referencia económica. El panista José Máximo García López calificó como un error de técnica legislativa atar el límite al salario presidencial, argumentando que es una variable sujeta a decisiones políticas anuales. La oposición propuso —sin éxito— que el cálculo se realizara en Unidades de Medida y Actualización (UMA).
Finalmente, la exclusión de sectores clave generó roces. Luis Donaldo Colosio (MC) cuestionó por qué se protegió a las Fuerzas Armadas de este recorte y no al resto de los trabajadores del Estado con regímenes complejos: “o todos coludos o todos rabones”, sentenció. Por su parte, el PRI y el PAN acusaron un «cálculo político» al dejar fuera del recorte a los ministros de la Suprema Corte y a la administración centralizada.