Fotografía: Los ministros fallaron a favor de la comunidad de La Candelaria, ordenando al Congreso local garantizar su autonomía presupuestal y política.
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En un ejercicio sin precedentes que busca acortar la brecha entre el Poder Judicial y los sectores históricamente marginados, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) abandonó sus sedes tradicionales para celebrar su Primera Sesión Extraordinaria en Territorio en la plaza pública del municipio de Tenejapa, Chiapas.

Frente a más de dos mil asistentes, el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz inauguró la jornada definiéndola como “el nuevo rostro de la justicia”, una que busca caminar de la mano con las comunidades y hacer públicos sus procesos de deliberación. Para marcar este parteaguas, tras 201 años de sesionar únicamente en la capital del país, San Luis Potosí y Querétaro, el ministro dirigió su mensaje inicial en lengua mixteca.

Triunfo legal tras un lustro de lucha

El asunto central que motivó el traslado de los ministros a los Altos de Chiapas fue la resolución de un amparo promovido por la comunidad tsotsil de La Candelaria. Tras más de cinco años de exigir al Congreso del Estado el reconocimiento formal de su gobierno comunitario, la Corte determinó que existió una omisión legislativa.

El Pleno ordenó al Congreso chiapaneco que, en un plazo máximo de 180 días a partir de la expedición de la Ley General en la materia, legisle para establecer rutas claras que reconozcan a las comunidades indígenas como sujetos de derecho público.

Asimismo, la sentencia instruyó al Gobierno de Chiapas y al Ayuntamiento de San Cristóbal de Las Casas a adoptar medidas inmediatas en un máximo de 90 días para garantizar el autogobierno de La Candelaria, lo que incluye la entrega directa y oportuna de los recursos públicos que les corresponden proporcionalmente. La resolución será traducida al tsotsil para su correcta difusión.

Autonomía, no un «cuarto orden de gobierno»

Durante la discusión, se aclaró que este reconocimiento a la libre determinación no implica la creación de un “cuarto nivel de gobierno” que altere el diseño federal o municipal establecido en la Constitución. Más bien, consolida un modelo en el que las estructuras ordinarias coexisten con los sistemas normativos indígenas, garantizando igualdad sustantiva y el respeto a sus instituciones políticas, sociales y culturales.

Avalan la charrería como patrimonio en Hidalgo

Como parte de la misma sesión itinerante, el máximo tribunal también resolvió la Controversia Constitucional 200/2024, reconociendo la validez de la ley del Estado de Hidalgo que declara a la charrería como patrimonio cultural inmaterial de la entidad.

La SCJN determinó que la protección de la cultura es una facultad concurrente. Por lo tanto, el hecho de que una tradición tenga relevancia a nivel nacional no impide que un congreso local la asuma y proteja jurídicamente como un elemento profundamente arraigado en la identidad de su región.


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