A casi dos décadas de uno de los episodios más oscuros en la historia reciente del país, la Fiscalía General de la República (FGR) anunció de manera oficial que ejercerá su facultad de atracción en el caso de Ernestina Ascencio Rosario, la mujer indígena nahua de 73 años que fue víctima de tortura sexual por parte de elementos del Ejército Mexicano en febrero de 2007.
Esta decisión responde al cumplimiento de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) a finales de 2025, la cual condenó al Estado mexicano por la vulneración a los derechos a la vida, la integridad personal y el acceso a la justicia.
El Ministerio Público Federal, a través de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas (Fevimtra), será el encargado de conducir una nueva investigación penal. La FGR detalló que las indagatorias se realizarán de manera exhaustiva, con debida diligencia reforzada y un enfoque interseccional, apegándose a los más altos estándares internacionales.
El peso de la impunidad y el encubrimiento
El 25 de febrero de 2007, en plena ola de militarización impulsada durante el sexenio de Felipe Calderón, Ernestina Ascencio fue hallada agonizando por su hija cerca de un campamento militar en la comunidad de Tetlatzinga, en la Sierra de Zongolica, Veracruz. Antes de fallecer por falta de atención médica, la mujer monolingüe alcanzó a pronunciar: «Fueron los soldados».
#JusticiaParaErnestina A 19 años de la agresión contra doña Ernestina, exigimos al Estado mexicano cumplir la sentencia de la @CorteIDH.
Hasta ahora, el Estado no ha presentado una hoja de ruta de cumplimiento.
Comunicado: https://t.co/231op4tabL pic.twitter.com/Cnm1kdAJIv
— Race and Equality (@raceandequality) February 25, 2026
A pesar de que la necropsia inicial confirmó traumatismo craneoencefálico, fractura cervical, lesiones severas y presencia de líquido seminal, la entonces Procuraduría General de Justicia de Veracruz, y posteriormente la Procuraduría de Justicia Militar, archivaron el caso. Las autoridades estatales decretaron el no ejercicio de la acción penal, negando la violación y el homicidio, lo que la Corte IDH catalogó como una intervención indebida de altas autoridades para garantizar la impunidad de los perpetradores mediante barreras lingüísticas y discriminación de género, etnia y edad.
Familiares exigen una hoja de ruta clara
Aunque el reciente anuncio de la FGR y el compromiso expresado por la presidenta Claudia Sheinbaum representan un avance, las seis organizaciones civiles que acompañan a la familia de Ernestina emitieron un pronunciamiento manifestando su preocupación por la lentitud del proceso.
A meses de la notificación de la sentencia internacional, denuncian la ausencia de una «hoja de ruta» por parte del Estado para implementar las medidas de reparación. Entre las exigencias ordenadas por el tribunal internacional destacan un acto público de reconocimiento de responsabilidad, becas de estudio para los nietos de la víctima, atención médica y psicológica con pertinencia cultural en Soledad Atzompa, y la creación de un registro nacional de intérpretes de lenguas indígenas.
“La sentencia debe ayudar a que lo que le pasó a mi madre no le pase a ninguna otra mujer”, expresó Martha Inés Ascencio, hija de la víctima, quien junto a su familia se negó a aceptar el silencio durante 19 años.
La atracción del caso por parte de la FGR abre ahora una nueva etapa procesal que pondrá a prueba la capacidad del Estado mexicano para garantizar que la justicia, aunque tardía, finalmente llegue a la Sierra de Zongolica.