En una decisión clave para la justicia en México, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estableció este martes un límite claro al fuero militar. A partir de ahora, los integrantes del Ejército o la Marina acusados de delitos relacionados con el servicio público (como corrupción o negligencia) no serán juzgados automáticamente por tribunales militares, sino que podrían enfrentar a la justicia civil ordinaria.
✅ #comunicadosonoro | Hoy la #scjn determinó que es constitucional sustituir a la defensa cuando exista incapacidad técnica manifiesta y sistemática para garantizar el debido proceso, y que el fuero militar solo aplica cuando hay una conexión estricta con la disciplina… pic.twitter.com/G1MiLdkXab
— Suprema Corte (@SCJN) January 28, 2026
La controversia surgió al analizar casos donde soldados cometieron delitos que, aunque ocurrieron en funciones, parecían más actos de corrupción común que faltas a la disciplina castrense.
¿Qué decidió la Corte?
Con una votación de seis a favor y dos en contra, los ministros aprobaron el proyecto del ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz. La nueva regla establece que se debe analizar caso por caso.
Para que un juez militar pueda llevar el caso, se deben cumplir forzosamente dos condiciones:
Si no se cumple esta «conexión estricta», el soldado deberá ser juzgado por un tribunal civil, como cualquier otro funcionario público.
Adiós al «pase automático»
Anteriormente, existía confusión sobre quién debía juzgar estos delitos. Por ejemplo, la Corte analizó casos reales que provocaron esta decisión:
En situaciones como estas, la Corte aclaró que el simple hecho de ser militar o que el delito esté en el Código Penal no basta para activar el fuero militar. Si el delito fue un robo administrativo que no puso en peligro una operación de guerra o la seguridad del país, debe ser competencia de un juez civil.
Voces en contra
Aunque la mayoría apoyó la medida para garantizar igualdad ante la ley, los ministros Giovanni Figueroa Mejía e Irving Espinosa Betanzos votaron en contra. Argumentaron que la metodología debería ser distinta: primero definir el fuero y luego analizar el delito, y no al revés.
Sin embargo, el criterio ya es obligatorio (jurisprudencia) para todos los jueces del país. Esto significa un paso importante para la transparencia, asegurando que el uniforme no sirva como un escudo automático frente a la justicia ordinaria en casos de corrupción administrativa.