En lo que ha sido calificado como un “hecho histórico” por la administración federal, el Gobierno de México, en coordinación con el Gobierno de Sonora y Grupo México, presentó los avances definitivos del Plan de Justicia para Cananea y el Plan de Justicia y Remediación del Río Sonora. Con una inversión conjunta superior a los 2 mil 222 millones de pesos, se busca cerrar dos de las heridas sociales y ambientales más profundas en la historia reciente del país: la huelga minera de 2007 y el derrame tóxico de 2014.
Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, detalló que el acuerdo no solo pone fin a 18 años de conflicto laboral mediante indemnizaciones directas a los mineros, sino que establece una hoja de ruta financiera y operativa para el saneamiento del agua y la atención a la salud en la región.
¿Quién paga la reparación? El esquema financiero presentado revela una presión inédita sobre el conglomerado de Germán Larrea, quien durante el sexenio pasado aumentó su fortuna considerablemente. Del monto total, Grupo México aportará el 70% (1,500 millones de pesos), mientras que el Gobierno Federal contribuirá con el 22% (483 mdp) y el Gobierno de Sonora con el 8% restante (180 mdp).
“El Gobierno de México fue firme en la exigencia hacia Grupo México con el cumplimiento de condicionantes (…) Hoy culminan 18 años de lucha”, sentenció Rodríguez, destacando que no se trata solo de recursos, sino de “dignidad”.
Salud y agua: las prioridades
El plan ambiental busca revertir los daños causados por los 40 millones de litros de sulfato de cobre acidulado vertidos en los ríos Sonora y Bacanuchi hace una década. Las acciones clave incluyen:
Infraestructura Hídrica: Construcción de 16 nuevas plantas potabilizadoras, rehabilitación de seis existentes y 16 sistemas de desinfección, garantizando su operación por cinco años.
Salud Especializada: El actual hospital comunitario de Ures se transformará en un Hospital Regional de IMSS-Bienestar con 60 camas y, crucialmente, un laboratorio especializado en metales pesados y toxicología, además de una unidad de hemodiálisis para atender las enfermedades renales derivadas de la contaminación.
La otra cara de la moneda: escepticismo comunitario
Pese al anuncio oficial, la desconfianza persiste en el territorio. Luis Franco, coordinador de Organización Comunitaria de la organización PODER, advirtió que aunque el plan retoma propuestas locales, llega 11 años después de la tragedia, cuando los diagnósticos de metales pesados en sangre y orina de los habitantes ya son alarmantes.
En declaraciones recogidas por la prensa, el activista subrayó la falta de información directa en las comunidades afectadas. “Muchas comunidades aún desconocen por qué algunas zonas serán atendidas y otras no”, señaló Franco.
El reclamo central de las organizaciones civiles es claro: exigen “justicia hídrica” y que la participación de Grupo México se limite estrictamente a la aportación económica, sin permitir que la empresa intervenga en los procesos de toma de decisiones comunitarias o en la ejecución de las obras, para garantizar transparencia real y evitar conflictos de interés.
Mientras la titular de Semarnat, Alicia Bárcena, sostiene que “no hay justicia ambiental sin justicia social”, los habitantes del Río Sonora esperan que, esta vez, las promesas de papel se traduzcan en agua limpia y salud tangible, y no en otra década de espera.