Lo que el Gobierno de Jalisco presentó como un ajuste necesario, ha sido calificado por la academia y la sociedad civil como una operación «ilegal», «arreglada» y técnicamente insostenible. El aumento a la tarifa del transporte público, que pasará a 14 pesos, ha detonado un frente común liderado por la Universidad de Guadalajara (UdeG), que advierte: el proceso fue una simulación y se combatirá en los tribunales.
Mario Córdova España, director del Instituto de Investigación de Movilidad Urbana Sustentable de la UdeG, fue contundente al denunciar las irregularidades del Comité Técnico de Tarifas. Según el especialista, el organismo operó bajo un esquema «sumamente desequilibrado», ignorando los criterios de indexación anual que marca la ley.
La «magia» de los números
La controversia radica en la metodología. Córdova explicó que, para justificar el precio elevado, las autoridades presentaron proyecciones hasta el año 2030, en lugar de analizar los costos reales para el año entrante. «El comité fue un simple cumplimiento de la ley, pero al final ilegalmente utilizado», sentenció.
A la comunidad universitaria.
A la opinión pública.Sobre el aumento a la tarifa del transporte público en Jalisco. pic.twitter.com/cZarZZnTn6
— STAUdeG (@STAUdeG) December 29, 2025
Más grave aún es la discrepancia en las cifras. Daniela Sánchez Estrada, del Observatorio Ciudadano de Movilidad y Transporte, reveló que el cálculo técnico real para 2026 arrojaba una tarifa de 11 pesos con 17 centavos. Sin embargo, en la sesión a puerta cerrada se votó un promedio de 13.30 pesos y, de manera inexplicable, el secretario de Transporte, Diego Monraz, introdujo la cifra final de 14 pesos sin que esta fuera siquiera votada por el pleno.
«Todo este proceso es reversible porque deriva de una actuación irregular (…) El Comité excedió sus atribuciones», afirmó Sánchez Estrada, quien confirmó que se explora la vía del amparo colectivo para frenar la medida impulsada por la administración de Pablo Lemus.
Subsidios insuficientes y promesas vacías
El argumento oficial de suavizar el golpe mediante un subsidio de 1,200 millones de pesos fue desmentido con datos duros. Córdova España calculó que, con 3.1 millones de viajes diarios, dicho monto apenas cubriría al 47% de los usuarios, dejando a más de la mitad de la población desprotegida ante el incremento.
Además, la crítica señala la ausencia de contraprestaciones: el alza no está condicionada a mejoras en la frecuencia de paso, seguridad, ni a la garantía de servicio nocturno después de las 22:00 horas, una demanda histórica de los tapatíos.
La calle responde: FEU movilizada
La respuesta social no se hizo esperar. La Federación Estudiantil Universitaria (FEU), respaldada por los sindicatos de académicos (STAUdeG) y administrativos (SUTUdeG), inició este lunes una campaña informativa en las estaciones de Mi Macro y Tren Ligero.
Fernanda Romero Delgado, presidenta de la FEU, anunció que la resistencia escalará este martes a las 17:00 horas con una movilización hacia Casa Jalisco para entregar un pliego petitorio. «El transporte público es un derecho, no es un privilegio ni un negocio», declaró Romero, advirtiendo que las protestas continuarán hasta que el gobernador escuche a los usuarios.
Mientras el gobierno estatal apuesta al desgaste, la oposición política también se organiza; la diputada de Futuro, Tonantzin Cárdenas, ya analiza la ruta jurídica para echar abajo el acuerdo, sumando presión a una administración que inicia su gestión con un conflicto social de alto voltaje.