Seis meses después de la trágica muerte de las niñas Leydi (11 años) y Alexa (7 años) en Badiraguato, Sinaloa, el Secretario de la Defensa Nacional (Sedena), General Ricardo Trevilla Trejo, confirmó la detención de seis militares presuntamente involucrados en los hechos.
Durante la conferencia de prensa de este martes 11 de noviembre, el titular de la Sedena informó que los elementos ya enfrentan un proceso ante la justicia militar.
Seis militares fueron detenidos por la muerte de las niñas Leydi y Alexa en un enfrentamiento en mayo pasado en la sierra de Badiraguato, en Sinaloa. #RegístrateGratis https://t.co/BhYKqquXf8
— REFORMA Nacional (@reformanacional) November 11, 2025
«En el caso de la Fiscalía General de Justicia Militar, el juez dictó prisión. Se encuentran en la prisión de Mazatlán los seis elementos que están involucrados», declaró el General Trevilla Trejo.
El secretario añadió que, paralelamente, la Fiscalía General de la República (FGR) «lleva el seguimiento del tema del homicidio, donde se vieron afectadas las dos niñas».
Familiares desmintieron el «fuego cruzado»
El caso, ocurrido el pasado 6 de mayo, generó conmoción y una fuerte controversia. En un inicio, el gobierno de Sinaloa manejó la versión de que las menores habían muerto en medio de un «fuego cruzado» durante un enfrentamiento entre militares y civiles armados.
Sin embargo, los familiares de las niñas, alumnas de la primaria Rafael Ramírez en Culiacán, desmintieron categóricamente esa versión.
Los parientes aseguraron que el incidente, ocurrido en la carretera federal 24 en la comunidad de La Cieneguilla, no fue un enfrentamiento, sino un ataque directo del Ejército contra el vehículo civil en el que la familia se trasladaba mientras estaban de paseo por la sierra.
Ante la presión de los familiares, que acusaron al Ejército de sembrar la escena, el caso finalmente se judicializó.
Centro Prodh señala «ejecución arbitraria»
Al cumplirse seis meses del suceso, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) lamentó que la versión inicial fuera «falsa» y calificó los hechos como una «ejecución arbitraria».
La organización criticó que los avances sustantivos se estén reportando desde la justicia militar y no desde la investigación civil (FGR), vinculando el caso a otros presuntos abusos de fuerza por parte de elementos militares en Chiapas (2024) y Tamaulipas (octubre de 2025).