En un claro signo de la incertidumbre que rodea al Instituto Nacional Electoral (INE), cerca de mil de sus trabajadores se han inscrito en un programa de retiro voluntario, una cifra que, según funcionarios, «superó todas las expectativas». Este éxodo de personal experimentado se produce en medio de las discusiones de una reforma electoral que busca reducir drásticamente el gasto público y mientras el organismo enfrenta ya recortes presupuestales que encienden las alarmas.
Hasta la fecha, 970 servidores públicos —707 de la rama administrativa y 263 del Servicio Profesional Electoral— han solicitado acogerse al programa, que ofrece una compensación de tres meses de sueldo bruto más 20 días por año de servicio. La abrumadora respuesta ha obligado a la Dirección de Administración del INE a ampliar los plazos para procesar el «amplio volumen de expedientes».
«Es necesario darle viabilidad, ya que lo esperado supera la expectativa; es un esfuerzo mucho mayor al que esperábamos», admitió la secretaria ejecutiva del INE, Claudia Arlett Espino, al reconocer el reto que implica gestionar la salida masiva.
El programa, que priorizará a los empleados con mayor antigüedad, fue justificado por la Junta General Ejecutiva como una forma de «optimizar el gasto» y renovar la estructura interna. Sin embargo, ocurre en un contexto de alta presión financiera y política.
Recortes que amenazan la democracia
Mientras el INE facilita esta salida, sus consejeros advierten sobre un panorama financiero crítico. La consejera Claudia Zavala denunció que el proyecto de presupuesto para 2026 fue modificado por el Poder Ejecutivo antes de ser enviado a la Cámara de Diputados, eliminando una partida precautoria de 3,119 millones de pesos destinada a una posible consulta popular.
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— @INEMexico (@INEMexico) October 13, 2025
«Nuestro presupuesto fue modificado antes de llegar a la Cámara. Si a eso le sumo el recorte que públicamente expresó el diputado Monreal, nos colocarían otra vez en una situación muy compleja», advirtió Zavala.
La consejera recordó que, contrario a la narrativa de que no hay elecciones próximas, el proceso electoral de 2027 arranca legalmente en septiembre de 2025. «Nos han colocado en situaciones más difíciles, incluso de incumplir la ley para poder llevar a cabo ejercicios de participación ciudadana y la elección judicial», concluyó.
El INE, que este año opera con cerca de 20 mil millones de pesos, ve cómo su capacidad para organizar futuras elecciones se ve comprometida, justo cuando pierde a casi un millar de sus elementos más experimentados.