En un contundente golpe contra las estructuras financieras del crimen organizado, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de su Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), anunció este jueves sanciones contra 22 personas y empresas en México por sus presuntos vínculos con la facción «Los Mayos» del Cártel de Sinaloa. La designación ha desatado un escándalo político al incluir a Hilda Araceli Brown Figueredo, actual diputada federal del partido Morena.
La medida implica la congelación inmediata de todos sus bienes y propiedades en territorio estadounidense. En respuesta, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México informó que ha instruido un «bloqueo administrativo» a las personas y empresas señaladas, en el marco de los acuerdos de cooperación internacional para combatir el lavado de dinero.
La red de corrupción en Rosarito
Según el informe de la OFAC, la diputada Brown habría utilizado su cargo como alcaldesa de Rosarito, Baja California (2021-2024), para facilitar las operaciones del cártel. La acusación detalla que, a través de Candelario Arcega, un operador político cercano, Brown permitió que los hermanos René y Alfonso Arzate, líderes de la plaza, ejercieran control sobre el gobierno municipal.
El documento estadounidense alega que «trabajando juntos, González [un empresario local], Arcega y Brown recaudaron pagos de extorsión para los Arzate, ayudaron a gestionar sus operaciones y garantizaron la protección de sus actividades criminales por parte del Departamento de Seguridad Pública de Rosarito».
Entre los sancionados también se encuentra Juan José Ponce Félix, alias «El Ruso», un violento líder del brazo armado de «Los Mayos», por quien el Departamento de Estado ofrece una recompensa de 5 millones de dólares.
— Treasury Department (@USTreasury) September 18, 2025
La respuesta en México: bloqueo y negación
Tras el anuncio, la diputada Hilda Araceli Brown rechazó categóricamente las acusaciones. En declaraciones a medios y a través de sus redes sociales, calificó el señalamiento como «una infamia» y un intento por desacreditarla. «A mí no me han congelado las cuentas y desconozco de qué se trata. No he recibido ninguna notificación de absolutamente nada», afirmó, asegurando que continuará con su trabajo legislativo.
Por su parte, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, se desmarcó del tema, declarando que «son delitos del orden federal» y que su administración esperará más información antes de pronunciarse. La UIF aclaró que el bloqueo es una medida preventiva y no una sentencia de culpabilidad penal, y que analizará la información financiera para dar vista a la Fiscalía General de la República (FGR) si encuentra elementos de delito.
El anuncio de estas sanciones coincide con la visita a México de John K. Hurley, Subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, para reforzar la cooperación bilateral en la lucha contra el narcotráfico.