Una sentencia firme de 62 años de prisión por feminicidio no ha sido suficiente para cerrar las heridas en el caso de Verónica Guadalupe “Lupita” Benítez Vega. A ocho años de su asesinato, su esposo y verdugo, Luis Ángel, interpuso el pasado 14 de agosto un amparo directo para revocar su condena, reabriendo un proceso que su familia consideraba resuelto y sumiéndola de nuevo en la incertidumbre.
La familia de Lupita, una joven estudiante de la FES Cuautitlán de la UNAM, se ha movilizado de inmediato. «Tenemos cita en la Fiscalía de Feminicidio para hacer un amparo adhesivo. No vamos a permitir que los magistrados le den una sentencia favorable, porque es un feminicida», declaró con firmeza Juana Isabel Benítez Vega, hermana de la víctima.
Exigen no liberar a feminicida de 'Lupita', lapidada en 2017 por su esposo en Edomex
Las autoridades habían ratificado la sentencia del agresor de Nicolás Romero, pero por un recurso que interpuso temen que lo dejen libre.
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— Milenio Estado de México (@milenio_edomex) September 3, 2025
El crimen, ocurrido el 6 de julio de 2017 en la comunidad de San José El Vidrio, Nicolás Romero, conmocionó por su brutalidad. Lupita, de 21 años, quien llevaba solo seis meses de casada y era madre de un bebé de tres meses, fue lapidada y apuñalada en 17 ocasiones en su propio domicilio. En un intento por desviar la investigación, su esposo inventó una historia sobre un robo, pero las pruebas periciales fueron contundentes. La evidencia de su piel hallada bajo las uñas de Lupita demostró que ella luchó por su vida hasta el último momento.
El camino hacia la justicia fue, desde el inicio, una cuesta arriba para la familia Benítez Vega. Durante los primeros meses, enfrentaron negativas para acceder a la carpeta de investigación y el caso pasó por cinco ministerios públicos distintos. «Hicimos marchas, movilizaciones, y fue así como llamamos la atención», recuerda Juana Isabel. Su perseverancia logró una sentencia inicial de 55 años, que tras una apelación fue ratificada y aumentada a 62 años.
Hoy, el agresor alega que sus derechos fueron violentados y sostiene su inocencia, una postura que la familia califica como «muy dolorosa». «Mi sobrino tenía tres meses cuando mataron a su madre, hoy es un niño de ocho años que crece sin conocerla», relata su tía. A este dolor se suma una falla institucional: a pesar de la sentencia firme, ni la familia ni el menor han sido inscritos en el Registro Estatal de Víctimas del Estado de México.
Con este nuevo recurso legal, la familia hace un enérgico llamado al Poder Judicial para que valore las pruebas que ya fueron determinantes y no permita que este caso siente un precedente de impunidad. «No hablo solo en nombre de mi hermana, sino por todas aquellas mujeres, madres e hijas que nos han sido arrebatadas», subrayó Juana Isabel. «La impartición de justicia en México es muy complicada, pero seguimos en pie de lucha».