Fotografía: Los residentes denuncian la fabricación de delitos, afirman ser las nuevas víctimas de la implacable presión inmobiliaria que busca vaciar la zona de sus habitantes originales.
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El sonido de mazos rompiendo cerraduras despertó a los residentes del edificio 125 de la calle Tonalá, en la alcaldía Cuauhtémoc. Alrededor de las cuatro de la mañana de este martes, un operativo masivo que involucró a elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), la Fiscalía General de Justicia (FGJ) e incluso la Guardia Nacional, puso fin a la tranquilidad y dejó en la calle a 22 familias, muchas de ellas conformadas por adultos mayores que han vivido ahí por más de 40 años.

“Llegaron como a las cuatro de la mañana, estábamos durmiendo y empezamos a oír que con mazos tiraban puertas”, relató Dulce María, una de las afectadas. Según testimonios, los uniformados ingresaron por la fuerza, sin presentar documentos que avalaran la acción legal, y obligaron a los habitantes a salir con violencia. “A mi hijo lo sometieron en el suelo. Nos acusan de vender droga, pero no es cierto, somos puras familias”, añadió.


La tensión escaló cuando, en medio del caos, dos residentes fueron detenidos por supuestos policías vestidos de civil. Testigos afirman que fueron subidos a una camioneta particular sin placas y llevados con rumbo desconocido, sin que los agentes se identificaran. Esta acción fue catalogada por los vecinos como un secuestro.

Un conflicto con antecedentes y un nombre clave

Este no es un evento aislado. Los residentes señalan directamente a un hombre llamado Edgar Romero Nájera, presunto funcionario público, como el orquestador detrás de los intentos de despojo. Afirman que desde enero de este año ha liderado operativos similares, incluyendo la detención de dos personas bajo lo que consideran “carpetas fabricadas”.
Además, denuncian que tras un desalojo previo en el departamento 203, el espacio fue ocupado días después por las mismas personas que participaron en el operativo, lo que levanta sospechas sobre los verdaderos intereses detrás de estas acciones.

El trasfondo del conflicto se remonta a 2005, cuando el propietario del inmueble falleció. El edificio, que consta de 22 departamentos, fue declarado en proceso de expropiación a favor de los ocupantes por parte del Instituto de Vivienda (INVI), razón por la cual dejaron de pagar rentas. Sin embargo, el proceso legal quedó inconcluso, dejando a las familias en un limbo jurídico que hoy es aprovechado para expulsarlos.

La gentrificación, el fantasma que recorre la Roma

Para los desalojados, el móvil es claro: la gentrificación. La Roma Norte se ha convertido en una de las zonas con mayor plusvalía de la Ciudad de México, donde la presión de desarrolladores inmobiliarios busca desplazar a los habitantes originales para construir proyectos de lujo o rentas turísticas.

“Esta alcaldía se ha vuelto un foco de gentrificación y esto es una arbitrariedad”, reclamó Evelin Guzmán, otra de las residentes. “No es justo que después de 70 años viviendo aquí, nos quieran sacar de esta manera”. Tras ser expulsados, los vecinos bloquearon la calle Tonalá por casi tres horas en señal de protesta y para exigir la intervención de las autoridades. Seis de los afectados ya acudieron a la alcaldía Cuauhtémoc para presentar las denuncias correspondientes, mientras sus pertenencias, medicinas e incluso mascotas permanecen secuestradas dentro del edificio.

Advirtieron que si su caso no es atendido, escalarán sus protestas cerrando vialidades principales. “No queremos afectar a otros ciudadanos, pero no nos dejan otra opción”, sentenciaron, mientras la incertidumbre de pasar la noche en la calle se cierne sobre ellos.


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