Una demoledora investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló que Alimentación para el Bienestar, el organismo creado por el gobierno de Claudia Sheinbaum para sustituir al polémico Segalmex, ha replicado sus mismos patrones de corrupción. Según el reportaje, se asignaron contratos por casi dos mil millones de pesos a una red de cinco empresas “fachada” que simularon competencia, usaron domicilios fiscales inexistentes y robaron la identidad de ciudadanos para operar.
El reportaje, firmado por las periodistas Valeria Durán y Vanessa Cisneros, documenta el dramático caso de Vanessa Flores, una mujer de 49 años con problemas de salud y sin empleo, cuya identidad fue usurpada para figurar como accionista principal y administradora única de la empresa Konkistolo SA de CV, la cual recibió contratos por más de 256 millones de pesos de Diconsa.
«Ay señorita, como que esas cantidades son muy estratosféricas para donde yo vivo, ¿no cree?», respondió Vanessa con incredulidad a las reporteras de MCCI, antes de romper en llanto al ver su nombre y fecha de nacimiento en las actas constitutivas de una empresa de la que nunca había oído hablar. Su historia, señala la investigación, es la evidencia humana de que la corrupción no solo sobrevivió, sino que se expandió.
Un ‘Modus Operandi’ heredado
De acuerdo con los cientos de documentos revisados por MCCI, la red de corrupción opera a través de cinco compañías interconectadas: Konkistolo, FamilyDuck, Abastémade, Grupo Pelmu y Todólogos.com. Estas empresas, la mayoría de reciente creación, obtuvieron contratos de Diconsa —dependencia ahora adscrita a Alimentación para el Bienestar— entre 2022 y 2025.
La investigación expone con crudeza el método del fraude:
Empresas fachada: Los domicilios fiscales reportados por las empresas resultaron ser falsos. MCCI constató que una dirección correspondía a un despacho de abogados del Sindicato del Poder Judicial, otra a una torre de departamentos de lujo, y otras a bodegas donde operan compañías distintas que no las reconocen.
Simulación de competencia: La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ya había detectado en su cuenta pública de 2023 que estas cinco empresas competían entre sí en los mismos procedimientos de contratación, lo que es un indicio claro de colusión.
Vínculos evidentes: El reportaje de MCCI profundiza y prueba los lazos entre las empresas. Por ejemplo, el dueño de la marca FamilyDuck, Enrique Magaña del Valle, es hermano del administrador de Grupo Pelmu. Además, la misma dirección fiscal de Konkistolo fue usada para registrar la marca FamilyDuck.
El reparto de contratos, detalla MCCI, alcanzó su punto más alto en 2023 con 912 millones de pesos y continuó en 2024, ya bajo el nuevo organismo, con más de 752 millones de pesos, demostrando la continuidad del esquema fraudulento.
Reacciones políticas y Escándalo creciente< La revelación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad ya ha generado una fuerte reacción política. El Partido Acción Nacional (PAN) y el coordinador de los senadores del PRI, Manuel Añorve, condenaron el hecho, calificándolo como "el segundo piso del fraude de Segalmex". "Hoy vemos el mismo patrón: Empresas fantasma, prestadores de identidad, domicilios falsos y millones que debían destinarse a las familias más pobres desaparecidos. ¿No que iban a acabar con la corrupción?", escribió el senador Añorve en sus redes sociales. Esta investigación de MCCI pone en jaque la narrativa oficial anticorrupción y demuestra que los mecanismos de desvío de recursos que llevaron al desfalco de Segalmex siguen vigentes en la nueva administración, afectando directamente los programas destinados a la seguridad alimentaria de las comunidades más vulnerables del país.