A más de 16 años de la tragedia que enlutó a México, el colectivo de familiares de víctimas de la Guardería ABC informó este domingo sobre la detención en Arizona, Estados Unidos, de Sandra Luz Téllez Nieves, una de las socias propietarias de la estancia infantil donde murieron 49 menores el 5 de junio de 2009.
En una carta pública dirigida a la presidenta Claudia Sheinbaum, el colectivo «Manos Unidas por Nuestros Niños» exigió la intervención del Estado mexicano para garantizar la extradición inmediata de Téllez Nieves, quien fue localizada en el centro de detención de Eloy, Arizona, presuntamente gracias a una ficha roja de la Interpol.
Las familias demandan que la detenida cumpla la sentencia definitiva emitida en su contra por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por el delito de homicidio culposo.
Temor de evasión y un «silencio sospechoso»
La principal preocupación de los padres es que Téllez Nieves logre evadir la justicia mexicana mediante una solicitud de asilo político, argumentando una supuesta persecución.
“Es culpable del delito de homicidio culposo y no una perseguida política, como pretenden posicionarla sus abogados en Arizona”, expresó Juana Luna Hernández, presidenta del colectivo. “Apelamos a la empatía y solidaridad de la presidenta Sheinbaum para que este crimen de Estado no quede impune”.
Asimismo, el grupo denunció un «silencio altamente sospechoso» por parte de las autoridades mexicanas, ya que, a pesar de la detención, ninguna entidad, ni la Fiscalía General de la República (FGR) ni la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), ha notificado oficialmente a las víctimas o a sus representantes legales, quienes se enteraron del hecho por vías extraoficiales.
Una herida abierta en la historia de México
La tragedia de la Guardería ABC ocurrió en Hermosillo, Sonora, cuando un incendio iniciado en una bodega contigua del gobierno estatal se propagó a la estancia infantil, que operaba de forma subrogada para el IMSS. La investigación reveló graves fallas de seguridad, como la falta de extintores y salidas de emergencia bloqueadas, lo que provocó la muerte de 25 niñas y 24 niños, y dejó a más de 100 con lesiones, muchos de ellos con secuelas permanentes.
Desde 2009, el caso ha sido un símbolo de impunidad y negligencia. A pesar de que se han señalado responsabilidades de funcionarios y socios, a la fecha nadie cumple una condena en prisión por estos hechos. Las familias han luchado incansablemente contra lo que describen como un muro de encubrimiento y protección política.
Ahora, con esta detención, renace la esperanza de que se haga justicia, pero también el temor de que, una vez más, los responsables encuentren una forma de escapar. La exigencia es clara: que Sandra Téllez sea extraditada, ingresada al penal correspondiente y cumpla su condena por la muerte y lesiones de sus hijos.