Desde las primeras horas de este miércoles, cerca de mil elementos de la policía municipal de Acapulco, incluyendo agentes viales, turísticos, urbanos y preventivos, fueron reunidos en la explanada central de su corporación. El motivo, desconocido hasta ese momento para ellos, era una prueba toxicológica masiva, parte de una estrategia de «cero tolerancia» de la institución.
La medida, que dejó momentáneamente al puerto sin el patrullaje habitual y causó alarma entre algunos habitantes, fue confirmada por el titular de la SSP, Eduardo Bailleres Mendoza. «Fue un ejercicio de control interno y evaluación disciplinaria», explicó, «realizada sin previo aviso como parte de nuestra estrategia de fortalecimiento institucional».
El operativo se llevó a cabo en coordinación con el Secretariado Ejecutivo Estatal de Seguridad Pública (SEESP) y el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza, entidades que serán las encargadas de recibir y procesar los resultados para garantizar la imparcialidad del proceso. Bailleres Mendoza subrayó que el objetivo es continuar con la certificación y profesionalización de la policía, un compromiso de la administración de la alcaldesa Abelina López Rodríguez.
Previo a la toma de muestras, el jefe policiaco sostuvo un diálogo con los uniformados, a quienes les reiteró que «portar el uniforme implica compromiso, responsabilidad y un profundo respeto por la ciudadanía». Al concluir la prueba, los 937 elementos operativos regresaron a sus labores con el dedo índice marcado con tinta indeleble, señal de haber cumplido con el procedimiento.
Esta no es una acción aislada. La SSP recordó que estos exámenes son periódicos, habiéndose realizado pruebas similares en marzo de este año y en agosto de 2024. La corporación insiste en que estas evaluaciones continuarán aplicándose para «avanzar con firmeza en la dignificación del servicio policial y consolidar una corporación confiable».
Este esfuerzo por depurar la policía local se produce en un contexto de cambios en la seguridad del puerto, apenas unas semanas después de que se anunciara, el pasado 3 de julio, que la Guardia Nacional asumió la operación de las mil cámaras de vigilancia del C-4 de Acapulco.