Fotografía: Un juez federal dictó prisión preventiva contra el presunto líder, Héctor Iván Pineda, y ocho de sus cómplices.
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En un duro golpe contra las finanzas del crimen organizado y el robo de hidrocarburos, la Fiscalía General de la República (FGR) logró que un juez federal vinculara a proceso a nueve presuntos integrantes de la red delictiva conocida como “Los Petrofactureros”.

La dependencia, encabezada por la fiscal Ernestina Godoy, detalló que la organización estructuró un sofisticado esquema de lavado de dinero operando más de 40 empresas fachada. Estas compañías fantasma simulaban actividades lícitas en los ramos de logística, energía y transporte, careciendo de infraestructura real, con el único fin de blanquear los recursos obtenidos por el robo de combustibles (huachicol) y evadir al fisco.

Detenciones y millonarios decomisos

La caída de “Los Petrofactureros” es el resultado de una serie de operativos coordinados por el Gabinete de Seguridad federal, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

Los cateos y aprehensiones se ejecutaron simultáneamente en el Estado de México, Chihuahua y Querétaro. Durante las diligencias, las autoridades asestaron un golpe al patrimonio de la célula criminal al asegurar 47 vehículos, cinco bienes inmuebles, lotes de joyería y dinero en efectivo.

El futuro legal de los procesados

Durante la audiencia inicial, el Ministerio Público Federal presentó pruebas contundentes que derivaron en la vinculación a proceso del presunto líder de la red, Héctor Iván Pineda, junto a Lizitza Anaid Pineda, Karen Araceli Torres, Gualberto Morales, Nizarindani Hernández, Araceli Juárez, José Arturo Salvador y Tania Penélope Torres. A todos ellos se les imputan los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, imponiéndoseles la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.

Por su parte, la novena implicada, Perla Oralia Vega, fue vinculada a proceso únicamente por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, bajo la medida de prisión preventiva justificada.

La situación judicial se agrava para el líder Héctor Iván Pineda y Nizarindani Hernández, quienes en una causa penal paralela enfrentan cargos adicionales por delitos contra la salud y posesión de cartuchos y cargadores de uso exclusivo.

Las autoridades confirmaron que las investigaciones continúan abiertas para rastrear el flujo completo del capital ilícito y determinar si existen más involucrados en esta red de simulación empresarial que defraudó al sector energético del país.


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