Una relación de casi tres décadas entre el Instituto Politécnico Nacional y su principal organismo de apoyo financiero, la Fundación Politécnico A.C., ha llegado a un punto de quiebre. El detonante fue una serie de cambios estatutarios impulsados por la Fundación para asegurar el manejo de un presupuesto anual cercano a los 400 millones de pesos sin la vigilancia ni el control de las autoridades politécnicas.
El conflicto escaló el pasado 25 de marzo de 2025, cuando el Consejo Directivo de la Fundación convocó a una sesión extraordinaria. En ella, no solo se destituyó a su presidente a tan solo un mes de su nombramiento para designar a Jorge Javier Jiménez Alcaraz, sino que se aprobaron reformas que, en la práctica, eliminan cualquier obligación de rendir cuentas al IPN.
Fuentes internas de la Fundación confirmaron que el objetivo de estas maniobras fue «blindar jurídicamente» a la organización, consolidando una autonomía operativa total sobre los recursos públicos que recibe y dejando fuera cualquier instancia de supervisión académica o administrativa del Instituto.
En una clara respuesta a esta acción, la dirección general del IPN, a cargo de Arturo Reyes Sandoval, procedió a formalizar un Convenio General de Colaboración con un nuevo organismo: el Patronato Corazón Guinda y Blanco A.C. Durante el acto protocolario, descrito como la creación de un nuevo «aliado estratégico», Reyes Sandoval sentenció que este patronato será «garantía de crecimiento», en lo que representa una sustitución simbólica y operativa de la Fundación.
Esta ruptura no es sorpresiva, sino la culminación de años de tensiones y señalamientos por falta de transparencia. Desde 2017 se han acumulado denuncias, como el presunto mal uso de 25 millones de pesos ese año. A pesar de ello, en 2018, el entonces abogado general del IPN, José Juan Guzmán Camacho, retiró la demanda interpuesta contra la Fundación, una decisión que le valió una sanción posterior del Órgano Interno de Control por abuso de funciones.
Ahora, el dilema es mayúsculo. La Fundación Politécnico podría continuar operando lo que resta de 2025 con fondos públicos pero sin supervisión, en un esquema que transfiere poder y presupuesto a una entidad privada sin mecanismos claros de transparencia. Queda en el aire qué acciones jurídicas tomará el IPN para defender el interés público y qué sucederá con los proyectos y estudiantes que dependen de convenios aún vigentes con la ahora distanciada Fundación.