El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Alberto Pérez Dayán, subrayó que el máximo tribunal no puede determinar qué debe o no debe incluir la Constitución, señalando que dicha facultad recae exclusivamente en el Poder Legislativo y en el propio poder reformador de la Constitución.
Durante su intervención, Pérez Dayán recordó que, en su origen, la Constitución estableció un límite de 300 legisladores en una de las cámaras, con la finalidad de que cualquier reforma constitucional requiriera un amplio consenso, obligando a un acuerdo entre la mayoría y las minorías representadas. Sin embargo, lamentó que esta previsión no se respetara en la práctica.
️ NO PUEDO DECIR QUÉ DEBIÓ LLEVAR O NO LA CONSTITUCIÓN: MINISTRO PÉREZ DAYÁN
El ministro Alberto Pérez Dayán sostuvo que la Suprema Corte no puede decidir qué debe o no debe contener la Constitución.
Afirmó que ese papel le corresponde exclusivamente al Poder Legislativo y… pic.twitter.com/Q5XnBdFNrS
— Juan Ortiz ️ (@Juan_OrtizMX) November 5, 2024
El ministro calificó la Reforma Judicial en curso como “irresponsable” y expresó su preocupación por los límites que esta implica. No obstante, aclaró que la SCJN no tiene injerencia en la naturaleza de las decisiones legislativas, y que quienes diseñaron la distribución de escaños en su momento sabían que esto permitiría a las mayorías impulsar cambios sin un consenso general.
“Si por descuido, equivocada interpretación o cualquier razón, los límites originalmente planteados no se respetaron y hoy enfrentamos los números actuales en la integración de cada cámara, esto ya no es un tema que competa a la Suprema Corte”, destacó Pérez Dayán. Añadió que, aunque considera la reforma como “irresponsable”, reconoce que no está en su jurisdicción decidir qué elementos debería contener la Constitución.
El ministro concluyó afirmando que los límites deben ser definidos por el propio Congreso, conforme al texto supremo de la Constitución, el cual estipula que cualquier cambio de fondo debe obtener el consenso de al menos dos terceras partes de la representación legislativa.