La defensa del territorio y el libre acceso a las costas mexicanas ha sumado una nueva e histórica batalla. Habitantes, surfistas y colectivos ambientales de Punta de Mita alzaron la voz para frenar lo que denuncian como un ecocidio y un descarado intento de privatización en la Playa Las Cocinas (también conocida como Las Destiladeras), perpetrado por la empresa constructora Cantiles de Mita, filial de Grupo DINE.
La tensión alcanzó su punto máximo cuando más de 400 pobladores bloquearon la carretera federal 200, a la altura del crucero de Higuera Blanca. La exigencia era clara: detener la destrucción de manglares y zonas de anidación de tortugas, y exigir la liberación inmediata de Antonio Benavides, Fabricio Yáñez y Sandra Cano, tres activistas que fueron detenidos de forma arbitraria y violentados por elementos de la Policía Estatal.
Gracias a la movilización ciudadana y la presión mediática, los tres defensores fueron liberados poco después, aunque con evidentes signos de agresiones físicas, un hecho que los colectivos calificaron como un claro acto de represión y criminalización de la protesta.
El ecocidio disfrazado de «protección»
La indignación ciudadana no es fortuita. Desde hace semanas, la empresa ingresó maquinaria pesada, instaló gaviones y colocó toneladas de rocas tipo escollera en la Zona Federal Marítimo Terrestre (ZOFEMAT), restringiendo el paso a los locales que históricamente han utilizado la playa para la pesca y la recreación.
Documentos oficiales revelaron que Cantiles de Mita no cuenta con una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) que avale obras civiles. Su título de concesión, otorgado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), se limita estrictamente a la «protección» del litoral en su estado natural. A pesar de que la empresa intentó justificar la destrucción argumentando una supuesta «emergencia» por erosión, la Semarnat rechazó la solicitud, confirmando que las obras son irregulares.
«Sólo se han dedicado a criminalizarnos. Las estructuras de poder político protegen los intereses económicos, pero estamos defendiendo la playa y su ecosistema», declaró bajo anonimato una de las defensoras ambientales, señalando el uso desproporcionado de más de 40 policías estatales que fungían como «guardias privados» de la constructora.
El pueblo doblega a las autoridades
El abuso policial y la devastación ambiental resonaron a nivel nacional, provocando el rechazo de legisladores federales y locales, quienes exigieron la intervención del Gobierno de México. Ante la innegable crisis, la Secretaría de Gobernación (Segob), junto con la Semarnat y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), intervinieron para instalar mesas de diálogo.
Tras una tercera reunión oficial con autoridades y representantes de la empresa, colectivos como Bahía Joven Mx y el Comité Puntamitense lograron acuerdos cruciales:
Transparencia total: Se obligará a la empresa a socializar el proyecto frente al pueblo para detallar qué, cómo y cuándo pretenden intervenir la zona.
Acuerdos legales: Se redactará un Acta de Conciliación para garantizar que cualquier pacto se dé bajo el estricto marco de la ley.
Defensa irrestricta: Los colectivos no cederán en la protección de las áreas de anidación de tortugas ni en su derecho al libre tránsito por la playa.
El gobernador Miguel Ángel Navarro se vio obligado a retirar a la Policía Estatal de la zona de obras. Sin embargo, para los habitantes de Bahía de Banderas, la alerta máxima continúa. La maquinaria sigue en la arena y la comunidad ha dejado en claro que no darán un paso atrás: la naturaleza no se vende y las playas de Nayarit pertenecen a la gente.