El Senado de la República dio un paso histórico este martes al aprobar, por unanimidad de 109 votos, una reforma a la Constitución que permitirá crear la Ley General de Feminicidio. Esta iniciativa, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, busca poner fin a la impunidad y a la desigualdad en la forma en que se castiga la violencia contra las mujeres en México.
La minuta ya fue enviada a la Cámara de Diputados para su revisión final. Pero, en términos prácticos, ¿qué significa esta reforma y por qué es tan importante para todas las personas?
El problema actual: una justicia de «rompecabezas»
Para entender la importancia de esta ley, hay que mirar cómo funciona la justicia hoy en día. Actualmente, México tiene 33 códigos penales diferentes (uno por cada estado y uno federal). Esto significa que el delito de feminicidio no se castiga igual en todo el país.
Lo que en un estado se considera una agravante para dar más años de cárcel al agresor, en otro estado ni siquiera se toma en cuenta. Esta diferencia de reglas y la falta de coordinación provocan investigaciones lentas, procesos llenos de trabas y, en el peor de los casos, que los criminales queden libres por «vacíos legales».
Senadoras y senadores aprobaron reformar la Constitución para que el Congreso de la Unión cree una ley para prevenir, sancionar y combatir el feminicidio en todo el país de la misma forma. Con esta homologación, las penas y procedimientos serán los mismos para este delito en… pic.twitter.com/td8ejxPZrC
— Senado de México (@senadomexicano) April 14, 2026
¿Qué va a cambiar con la nueva Ley General?
La reforma al artículo 73 constitucional le da el poder al Congreso para crear una sola ley para todo el país, la cual funcionará como un manual estricto y obligatorio para todas las autoridades. Sus principales beneficios explicados de forma sencilla son:
Mismas reglas, mismos castigos: Sin importar si el delito ocurre en Chihuahua, Nuevo León o Yucatán, el feminicidio será juzgado bajo el mismo concepto y con las mismas sanciones severas.
Investigación obligatoria: A partir de esta ley, el Ministerio Público estará obligado a investigar cualquier muerte violenta de una mujer como un feminicidio desde el primer momento. Ya no se podrá catalogar apresuradamente como «suicidio» o «accidente» para cerrar el caso rápido.
Atención a las víctimas olvidadas: La ley obligará al Estado a proteger, dar atención psicológica, educación y servicios de salud a las niñas, niños y adolescentes que quedan en situación de orfandad tras el asesinato de sus madres.
«No hablamos solo de leyes, hablamos de mujeres»
Durante el debate en el Senado, legisladores de todos los partidos coincidieron en que esta es una «decisión de Estado». El senador Enrique Inzunza destacó que la actual fragmentación de las leyes solo ha generado dolor e impunidad. Por su parte, el legislador Juan Carlos Loera recordó el doloroso origen de esta crisis en Ciudad Juárez, nombrando a víctimas emblemáticas como Digna Ochoa y la periodista Miroslava Breach, como un recordatorio de la enorme deuda que tiene el país.
Aunque el voto fue unánime, legisladoras de la oposición —como Paloma Sánchez del PRI y Alejandra Barrales de Movimiento Ciudadano— hicieron una advertencia clave: para que esta ley no sea «letra muerta», es urgente que el Gobierno asigne los recursos económicos necesarios para que las fiscalías puedan hacer su trabajo y no se quede solo en buenas intenciones.