La justicia mexicana ha puesto un freno abrupto a uno de los casos de abuso y corrupción más grandes de los últimos años. Víctimas y sobrevivientes de la Iglesia de la Luz del Mundo denunciaron que la Fiscalía General de la República (FGR) determinó el no ejercicio de la acción penal contra la cúpula de la organización religiosa, cerrando así una investigación abierta desde 2019 por los delitos de trata de personas y delincuencia organizada.
La resolución, que las denunciantes califican como un «carpetazo» institucional, argumenta que los hechos investigados durante casi siete años no encuadran en los tipos penales señalados. Según el posicionamiento de las sobrevivientes Sóchil Martin, Sharim Guzmán y Ada Camarena, esta decisión se tomó de forma opaca y se formalizó semanas después de que Ernestina Godoy asumiera la titularidad de la FGR.
«La Fiscalía sostiene que no hay delito, pero al mismo tiempo describe conductas que podrían serlo», cuestionó Camarena, señalando que esta maniobra jurídica no niega los hechos —que incluyen abuso sexual sistemático, explotación infantil y coerción—, sino que simplemente los excluye del marco penal para evitar llevar a los responsables ante los tribunales.
El escudo político: «Amor con amor se paga»
El archivo del caso en México contrasta drásticamente con la realidad judicial en Estados Unidos. Mientras que en territorio mexicano las autoridades congelaron y luego ignoraron pruebas contundentes, en la Unión Americana el líder de la secta, Naasón Joaquín García, purga una condena de 16 años y 8 meses de prisión. Además, enfrenta un nuevo juicio programado para marzo de 2027 en Nueva York por conspiración, crimen organizado y tráfico sexual continuo.
Para las víctimas, la inacción del Estado mexicano no es una casualidad judicial, sino el resultado de un «voto corporativo». Sharim Guzmán denunció en medios que la congregación ofrece apoyo electoral masivo a cambio de protección desde las más altas esferas del poder.
En la denuncia original, y de acuerdo con los expedientes ignorados, se señala directamente a figuras políticas como presuntos engranajes de esta red de complicidad. Entre ellos destacan el senador Emmanuel Reyes Carmona (Morena), el exdiputado Hamlet García Almaguer (Morena), y el exsenador Israel Zamora (coalición Morena-PVEM), así como a los obispos Rogelio Zamora Barradas y Nicolás Menchaca, a quienes se les atribuye la labor de lavar dinero y tejer las redes de protección gubernamental.
Dinero, paramilitares y silencio
La decisión de la FGR deja en el aire múltiples líneas de investigación que documentaban la estructura criminal de la iglesia. En 2020, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) había bloqueado cuentas de la congregación por más de 300 millones de pesos ante la sospecha de lavado de dinero, operaciones que involucraban compras de inmuebles de lujo y transferencias internacionales injustificadas.
"Carlos Lomelí, Héctor Yunes Landa, El Bronco, Alfaro, Battres, Sergio Mayer, Marcelo Ebrard, Duarte, Bonilla": Sharím Guzmán acusa nombres de políticos presuntamente vinculados con Nasson, líder de la Luz del Mundo ️ Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) en #FórmulaNoticias pic.twitter.com/ejt6fuN5en
— Grupo Fórmula (@Radio_Formula) April 14, 2026
A la par, el expediente ministerial contenía reportes alarmantes sobre la presencia de un brazo armado interno conocido como grupo “Yaser”. Apenas en 2025, 38 presuntos integrantes de esta guardia secreta fueron detenidos en Vista Hermosa, Michoacán —una zona controlada por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)— recibiendo entrenamiento paramilitar. A pesar de estas evidencias de delincuencia organizada, la FGR prefirió dar vuelta a la página.
La última trinchera: Puente Grande
Ante el abandono institucional, las víctimas no han bajado los brazos. Sóchil Martin y Sharim Guzmán confirmaron que han impugnado formalmente la resolución de la FGR. El destino legal de La Luz del Mundo en México se decidirá este jueves 16 de abril de 2026, en una audiencia ante Juan José Rodríguez Velarde, Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en el Complejo Penitenciario de Puente Grande, Jalisco.
En dicha diligencia, el juez federal determinará si el «carpetazo» de la Fiscalía se mantiene firme o si obliga al Ministerio Público a reabrir la carpeta, analizar el material probatorio desechado y proceder contra la red que, aseguran las víctimas, sigue operando con total impunidad en el país.
«Que la fiscalía se ponga a trabajar, deje de encubrir a La Luz del Mundo y deje de protegerlo. Si no sale favorable, nos vamos a ir a las siguientes instancias», sentenció Sóchil Martin.
Nota de la Redacción: Este reportaje periodístico fue elaborado a partir de una síntesis de investigaciones, cables y entrevistas publicadas originalmente por la agencia AFP (Charlotte Causit), Aristegui Noticias, Joaquín López-Dóriga (López-Dóriga Digital / Radio Fórmula), Carlos Ramírez (Reporte Índigo), Isaías Alvarado (El País), Expansión Política, Halim Hernández (MVS Noticias), Sin Embargo y Contra Réplica.