Ante la alarmante cifra de 14 mexicanos fallecidos bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Estados Unidos, el Gobierno de México anunció este lunes una escalada contundente en sus acciones diplomáticas y legales. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó durante su conferencia matutina en Palacio Nacional que la crisis será llevada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), marcando un giro: de las habituales notas de protesta diplomática hacia una ofensiva legal internacional para frenar las negligencias en los centros de detención estadounidenses.
“Se van a hacer más reclamos, no solamente lo que hemos venido haciendo, sino que ahora vamos a tomar más medidas de reclamo frente a lo que ocurrió”, aseguró la primera mandataria. El detonante de esta postura fue la muerte de José Guadalupe Ramos-Solano, de 52 años, ocurrida el pasado 25 de marzo en el Centro de Procesamiento de Adelanto, en California, un caso que se suma a un patrón de presuntas negligencias médicas documentado por diversas organizaciones y medios de comunicación.
El detonante: La tragedia en el centro de Adelanto
José Guadalupe Ramos-Solano, originario de Guanajuato y con 28 años residiendo en Estados Unidos, fue detenido el pasado 23 de febrero durante un operativo del ICE en Torrance, California. La noche del 25 de marzo, fue hallado inconsciente en su celda. A pesar de los intentos de reanimación y su posterior traslado al Centro Médico Global Victor Valley en Victorville, fue declarado muerto.
El ICE argumentó que Ramos contaba con un historial de diabetes, hipertensión y colesterol elevado, y aseguró que recibió atención médica diaria. Sin embargo, familiares y defensores acusan negligencia. Jesús Eduardo Arias, abogado de la familia del fallecido —quien deja viuda y dos hijos ciudadanos estadounidenses—, criticó duramente la postura de la agencia estadounidense por intentar criminalizar a la víctima al resaltar antecedentes penales. “Querer caracterizar a la víctima como un criminal es lamentable. Es inhumano”, señaló el litigante.
Este deceso ocurrió apenas días después de la muerte de Royer Pérez Jiménez, un joven de 19 años que perdió la vida el 16 de marzo en una prisión migratoria de Florida, en un hecho que las autoridades estadounidenses investigan como un posible suicidio, pero sobre el cual México ha exigido una investigación profunda e imparcial.
"Él no era un criminal"
Entre lágrimas, la familia de José Guadalupe Ramos, inmigrante mexicano fallecido bajo custodia del ICE, clama justicia
Su esposa e hijos exigen dignidad y respuestaspic.twitter.com/jCSdqjoad9
— Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) March 31, 2026
De la protesta diplomática a la acción legal internacional
Frente a la inacción y la falta de transparencia, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) anunció hoy en una conferencia de prensa desde el Consulado General de México en Los Ángeles su adhesión como amicus curiae (amigo de la corte) a una demanda colectiva contra el ICE.
Vanessa Calva Ruiz, directora general de Protección Consular y Planeación Estratégica, explicó que esta acción legal —presentada originalmente el 26 de enero ante la Corte de Distrito Central de California por la organización Public Counsel— busca representar a todas las personas detenidas y denunciar condiciones insalubres, aislamiento punitivo y graves carencias en la atención médica y de salud mental en instalaciones gestionadas por empresas privadas, como el Grupo GEO.
“Tan solo en el centro de procesamiento de ICE en Adelanto del condado de San Bernardino cuatro personas mexicanas han fallecido por aparentes complicaciones médicas, lo que evidencia un patrón persistente de deficiencias estructurales. La reiteración y frecuencia de estas muertes son absolutamente inaceptables”, sentenció Calva Ruiz.
A la par de la participación en tribunales estadounidenses, el gobierno mexicano solicitará una audiencia temática telemática ante la CIDH para exponer las violaciones a los estándares internacionales en materia de derechos humanos. Aunque Estados Unidos no pertenece al Sistema Interamericano y las resoluciones no son vinculantes, la medida busca una fuerte condena simbólica y aumentar la presión política internacional.
Cifras alarmantes bajo el endurecimiento migratorio
Desde el regreso del presidente Donald Trump a la Casa Blanca en enero de 2025 y la implementación de su endurecida política antiinmigrante, el panorama se ha vuelto crítico. De acuerdo con cifras de la SRE, en este periodo han sido detenidos 177,192 mexicanos. Actualmente, 13,722 connacionales permanecen recluidos en centros de internamiento del ICE.
La cuota de sangre de esta política se traduce en 14 muertes confirmadas. Los datos oficiales desglosan que cinco de estos decesos ocurrieron en California, tres en Georgia, dos en Arizona, y uno respectivamente en Texas, Florida, Missouri y otra entidad no detallada. Las causas, según informes preliminares aún bajo investigación, incluyen seis complicaciones médicas, cuatro presuntos suicidios, dos muertes durante operativos y una derivada de un tiroteo en un centro de detención.
A pesar de que México ha enviado 14 notas diplomáticas exigiendo investigaciones exhaustivas, el cónsul general en Los Ángeles, Carlos Gutiérrez, denunció un “nulo flujo” de información entre las autoridades de inmigración y las familias de los afectados, evidenciando una preocupante opacidad.
Movilización consular y presión legislativa
Para hacer frente a esta emergencia, la estrategia del gobierno mexicano también abarca el frente político y legislativo. Hoy mismo, el subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco Álvarez, sostendrá una reunión al más alto nivel con el embajador de Estados Unidos en México, Ronald D. Johnson.
Asimismo, Velasco Álvarez se reunirá con el fiscal general de California, Rob Bonta, y se buscará la intervención directa del gobernador de ese estado, el demócrata Gavin Newsom. De manera paralela, la Embajada de México en Estados Unidos enviará comunicaciones formales a legisladores federales estadounidenses, y la presidenta del Senado mexicano, Laura Itzel Castillo, emitirá una carta a su contraparte en Washington para denunciar la deficiente atención médica en los centros de reclusión.
La instrucción de la presidenta Sheinbaum es clara: agotar absolutamente todas las vías legales, diplomáticas y de presión comunitaria. En las próximas horas, funcionarios consulares mantendrán reuniones clave en Los Ángeles con familiares de las víctimas y con la Coalición de Derechos Humanos de Inmigrantes, buscando articular un frente común que logre visibilizar y detener lo que las autoridades mexicanas ya califican como fallas sistémicas e inaceptables en el sistema migratorio de la principal potencia del mundo.
Nota elaborada a partir del trabajo periodístico, reportes y agencias de: Alonso Urrutia y Emir Olivares (La Jornada); La Jornada de Morelos; Hipócrita Lector; El Heraldo de San Luis Potosí; Eddy Mosquera (Caracol Radio); EFE (El Nuevo Diario República Dominicana); Cadena 3 Argentina; Karina Vargas (Reporte Índigo); Micaela Varela y Juan Carlos Espinosa (El País); Anabella González y Uriel Blanco (CNN México); y Fernanda González (Wired).