Las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos del Senado de la República aprobaron, con 24 votos a favor y 11 en contra, el dictamen del llamado “Plan B” en materia electoral. El proyecto, que avanzó sin la presencia de los legisladores del Partido del Trabajo (PT), propuso modificar los artículos 35, 115, 116 y 134 de la Constitución para rediseñar la revocación de mandato y establecer nuevos límites financieros en distintos niveles de gobierno.
A pesar del avance en comisiones, Monreal Ávila, reconoció que el dictamen podría sufrir recortes durante su discusión en el pleno. El legislador explicó que existía la probabilidad de que la oposición reservara artículos específicos, particularmente el 35, referente a la revocación de mandato. Monreal advirtió que, de no alcanzar la mayoría calificada en ese punto, la reforma se enviaría de forma parcial a la Cámara de Diputados, dejando fuera el tema de la consulta anticipada.
Cuestionada sobre este escenario, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo descartó que una aprobación fragmentada representara un revés. La mandataria enfatizó que el objetivo central de la iniciativa radicaba en la erradicación de privilegios burocráticos, destacando los topes salariales para garantizar que ningún funcionario de órganos electorales perciba mayores ingresos que la titular del Ejecutivo, así como la reducción de la estructura en los municipios.
Reunión de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos, del 24 de marzo de 2026. https://t.co/op9oXcfBaI
— Senado de México (@senadomexicano) March 24, 2026
El dictamen avalado estableció que la revocación de mandato podría solicitarse al concluir el segundo o tercer año de gobierno, lo que empataría el ejercicio con las elecciones intermedias de 2027 o 2028. Además, propuso permitir que la Presidencia promueva la participación ciudadana en dicho proceso, manteniendo la restricción sobre la difusión de propaganda gubernamental durante los 60 días previos a la votación.
En materia de reestructuración financiera, la reforma fijó un límite de hasta 15 regidurías para los ayuntamientos del país y topó el presupuesto anual de los congresos locales, el cual no podría exceder el 0.70 por ciento del gasto total de su respectiva entidad federativa. Asimismo, estipuló la prohibición para que funcionarios del Instituto Nacional Electoral (INE) y tribunales locales adquieran seguros de gastos médicos mayores, pensiones privadas o cajas de ahorro especiales financiadas con recursos públicos.
Durante el desarrollo de la sesión, los bloques legislativos fijaron posturas encontradas. Mientras Morena y el Partido Verde defendieron el dictamen argumentando que los ahorros fortalecerían la infraestructura y los programas sociales, la oposición conformada por el PAN, PRI y Movimiento Ciudadano manifestó su rechazo. Legisladores como Luis Donaldo Colosio Riojas argumentaron que la iniciativa vulneraba el federalismo mediante la imposición de topes municipales y advirtieron sobre un posible uso político electoral al empalmar la revocación de mandato con la renovación de gubernaturas y la Cámara de Diputados.