El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló por unanimidad atraer el caso más relevante de «huachicol fiscal» (contrabando de hidrocarburos y evasión de impuestos) documentado en el país. El expediente involucra al empresario Edgar Marín Meza Moreno, dueño de Impulsora de Productos Sustentables S.A.P.I., acusado de defraudar a la Federación por 173 millones de pesos.
A propuesta del ministro Irving Espinosa Betanzo, el máximo tribunal analizará un recurso de queja que definirá un precedente fundamental para el sistema de justicia fiscal: determinar si el Servicio de Administración Tributaria (SAT) tiene legitimación legal para representar el interés de la Federación en delitos de contrabando, o si dicha facultad recae exclusivamente en la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) tras la entrada en vigor de su reglamento interior en 2022.
El origen del megafraude
De acuerdo con la carpeta judicializada por la Fiscalía General de la República (FGR), el caso se remonta a octubre de 2019. El empresario, cuya compañía fue proveedora de Interjet y aprovechó la reforma energética del sexenio anterior, utilizó el buque Atlantic Bay para introducir al país 28.7 millones de litros de diésel (comprados a una multinacional suiza). Sin embargo, ante las autoridades únicamente declaró 7.2 millones de litros.
El excedente de 21.5 millones de litros ingresó al mercado negro sin pasar por las formalidades del despacho aduanero. Esta evasión representó un daño directo al fisco federal estimado en 173 millones de pesos, correspondientes al impago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y derechos de trámite aduanero.
El vacío legal que podría tirar el caso
Pese a la gravedad de las acusaciones, el proceso judicial pende de un hilo debido a una presunta descoordinación institucional. En diciembre pasado, un Tribunal Colegiado de Apelación con sede en Veracruz revocó la vinculación a proceso que un juez de control había dictado contra Meza Moreno.
Conoce lo que se resolvió en la sesión del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. #LaCorteEnBreve pic.twitter.com/I4eOFlmrfO
— Suprema Corte (@SCJN) March 19, 2026
Los magistrados determinaron que la FGR omitió un «requisito de procedibilidad» indispensable: antes de judicializar la carpeta, debió otorgar intervención a la Dirección General Jurídica de la ANAM, y no al SAT, para que presentara la querella correspondiente como víctima u ofendido. Al carecer de la querella de la autoridad «competente», el tribunal consideró que el proceso penal no podía avanzar.
Ante este revés, el SAT interpuso un amparo, el cual fue impugnado por la defensa del empresario. Ahora, será la Suprema Corte la encargada de desatar este nudo jurídico y definir si la FGR y el SAT actuaron conforme a la ley, o si un tecnicismo administrativo permitirá que el mayor caso de contrabando de combustible quede en la impunidad.