Lo que debía ser el regreso a casa tras una cena familiar de Nochebuena se convirtió en una lucha por sobrevivir para tres mujeres en la Ciudad de México. Valeria, acompañada de su hermana y su prima, abordó un vehículo de la plataforma Uber la madrugada del 24 de diciembre, sin imaginar que minutos después serían víctimas de violencia física y de una nula respuesta por parte de la empresa tecnológica encargada de su seguridad.
«Vamos a donde yo diga»: La privación de la libertad
Los hechos ocurrieron alrededor de las 00:14 horas. Las usuarias solicitaron el servicio en un automóvil Aveo color blanco, con placas NRG250A, conducido por un sujeto identificado en la aplicación como Oscar.
Durante el trayecto, el conductor modificó la ruta establecida sin ofrecer explicación alguna. Al ser cuestionado por las pasajeras, quienes exigieron retomar el camino correcto, el chofer lanzó una amenaza directa: «Vamos a donde yo diga». Ante la negativa del conductor de detener el vehículo y permitirles el descenso, y frente al riesgo inminente, las mujeres se vieron obligadas a forzar las puertas del auto para lograr escapar.
La agresión y la revictimización institucional
Al lograr bajar de la unidad, la violencia escaló. El conductor descendió, persiguió a Valeria y la golpeó en el rostro, rompiéndole los lentes, para posteriormente darse a la fuga.
Lejos de encontrar amparo en las instituciones, Valeria se topó con la burocracia y la falta de perspectiva de género. Al acudir al Ministerio Público para denunciar los hechos, las autoridades le informaron que no procederían por violencia de género. El argumento: sus lesiones «sanarían en menos de 15 días», minimizando así la gravedad del ataque y el intento de privación de la libertad.
Uber: Silencio y bloqueo a la víctima
La denuncia pública resalta un aspecto alarmante sobre los protocolos de seguridad de Uber México. Desde el momento del ataque, Valeria solicitó auxilio a la plataforma. Sin embargo, la respuesta de la empresa no fue de acompañamiento ni seguimiento al caso.
Según el testimonio, la compañía bloqueó la cuenta de la usuaria tras el reporte, cerrando la vía de comunicación y evadiendo la responsabilidad sobre las acciones de su socio conductor.
«Exigimos a Uber que asuma su responsabilidad. Bloquear cuentas no es una solución cuando la integridad y la vida de las mujeres están en juego», señala la denuncia difundida en redes, que alerta a otras usuarias sobre la operación de este conductor y la inacción de la empresa.
El caso de Valeria expone, una vez más, la vulnerabilidad de las mujeres en el transporte privado y la urgencia de que tanto las plataformas digitales como la Fiscalía de la CDMX garanticen mecanismos de protección real y dejen de normalizar la violencia bajo criterios administrativos.