En una decisión unánime que busca frenar uno de los delitos que más lastima la economía y tranquilidad de las familias mexicanas, el Senado de la República aprobó este miércoles el proyecto para expedir la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión.
Con 110 votos a favor en lo general, los legisladores dieron luz verde a un marco jurídico que promete un «golpe de timón» en la estrategia de seguridad, elevando las penas hasta más de 40 años de prisión y cerrando el paso a la impunidad de grupos criminales y funcionarios coludidos. Sin embargo, debido a la incorporación de cerca de 20 cambios sustanciales, el documento fue devuelto a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales.
Penas más altas y persecución de oficio La nueva normativa establece un tipo penal único para todo el país, terminando con la disparidad de castigos entre estados. A partir de ahora, la extorsión se perseguirá de oficio (sin necesidad de denuncia de la víctima), eliminando el miedo a represalias que a menudo impide la justicia.
El Senado aprobó crear la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión. Las modificaciones avaladas contemplan incrementos a penas y reglas estrictas para la operación de centros penitenciarios. pic.twitter.com/kFXT6Tik03
— Senado de México (@senadomexicano) November 20, 2025
El umbral de las penas se endureció significativamente:
Pena Base: De 15 a 25 años de prisión (aumentando la propuesta original de los diputados para evitar beneficios de libertad anticipada).
Pena Agravada: Podrá alcanzar hasta 41.2 años de cárcel si existe violencia, uso de armas, si los delincuentes se disfrazan de policías o si se trata de modalidades como los famosos «montachoques».
Cero tolerancia a la corrupción en penales Uno de los puntos más fuertes de la reforma ataca el origen de miles de llamadas de extorsión: las cárceles. El senador Enrique Inzunza Cázarez advirtió que la corrupción ha convertido los centros penitenciarios en «centros de operación».
Para combatirlo, la ley impone:
6 a 12 años de prisión a quien ingrese celulares o equipos tecnológicos a los penales.
Hasta 30 años de cárcel para las autoridades que permitan extorsiones desde el interior.
10 a 20 años a servidores públicos (policías, ministerios públicos, custodios) que, conociendo un delito, no lo denuncien.
Modificaciones clave: Género y Tecnología El dictamen regresa a San Lázaro porque el Senado aceptó reservas importantes. A propuesta de la senadora Martha Lucía Micher (Morena), se incluyó la perspectiva de género para la atención de víctimas. Asimismo, el senador Ignacio Mier logró que se precise el aumento de penas cuando se utilicen medios electrónicos, sistemas electromagnéticos o cualquier plataforma digital para cometer el ilícito.
Debate político: ¿Fin de los «abrazos»? Aunque la votación fue unánime, el debate político no faltó. Javier Corral (Morena), presidente de la Comisión de Justicia, celebró que se cierren las «rendijas a los extorsionadores».
Por su parte, la oposición, aunque apoyó la medida, expresó reservas sobre su implementación. Carolina Viggiano (PRI) y Guadalupe Murguía (PAN) advirtieron que una ley sin presupuesto «funciona, pero funcionaría mejor con dinero», señalando la falta de recursos para las unidades especializadas. En tanto, Alejandra Barrales (Movimiento Ciudadano) interpretó la reforma como un reconocimiento tácito del fracaso de la estrategia anterior: «Es un golpe de timón; se deja atrás la política de abrazos y no balazos».
La minuta ahora deberá ser ratificada por la Cámara de Diputados, donde se espera que se allanen a los cambios para su pronta promulgación.