Una colosal red de corrupción, presuntamente operada desde las altas esferas de la Secretaría de Marina (Semar), permitió un fraude histórico a la nación a través del contrabando de combustible en al menos 21 aduanas de 13 estados, las cuales se encontraban, paradójicamente, bajo control militar para combatir la ilegalidad. La operación, conocida como «huachicol fiscal», habría generado un boquete a la Hacienda pública de 120,000 millones de pesos (unos 6,000 millones de dólares) entre 2021 y 2022.
El escándalo, que representa el mayor golpe a la corrupción en lo que va de la administración de Claudia Sheinbaum, se destapó el pasado 7 de septiembre con la detención de 14 personas, incluyendo a los vicealmirantes Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, sobrinos políticos del exsecretario de Marina del sexenio pasado, José Rafael Ojeda Durán.
El disfraz de 120 mil millones de Pesos
El modus operandi de la red era tan simple como devastador: importar miles de millones de litros de gasolina y diésel documentándolos como «aceites lubricantes». Esta mercancía, al no estar sujeta al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) que sí se aplica a los combustibles, entraba al país evadiendo miles de millones en impuestos.
Los datos oficiales son abrumadores: las importaciones de estos «lubricantes» pasaron de un promedio de 4 mil millones de litros anuales en 2019 y 2020, a picos desorbitados de 18,200 millones en 2021 y 14,700 millones en 2022. Un excedente de casi 27,000 millones de litros, equivalente a la carga de 2,700 barcos petroleros.
Una red nacional, según «El País»
Una exhaustiva investigación del diario El País, que cruzó bases de datos de la Agencia Nacional de Aduanas con documentos militares filtrados por el grupo Guacamaya Leaks, dibuja el mapa de esta red de complicidades. Si bien el epicentro del escándalo se ha centrado en la aduana de Tampico, Tamaulipas, el análisis revela que el fenómeno se replicó a escala nacional.
FILTRACIÓN EXPLOSIVA: ¿Reunión secreta en Polanco? Gonzalo López Beltrán, hijo de @lopezobrador_, habría coordinado con marinos huachicoleros la protección de operaciones millonarias. Los Lopez en el epicentro del escándalo. #HuachicolAMLO pic.twitter.com/ZYlKH2PaF0
— Guacamaya Leaks (@GuacamayanLeaks) September 15, 2025
Aduanas marítimas y terrestres en estados como Veracruz, Baja California, Chihuahua, Yucatán y Tabasco mostraron incrementos inexplicables. Por ejemplo, la aduana de Coatzacoalcos pasó de importar 8 millones de litros a más de 2,200 millones en un año, mientras que la de Ciudad Reynosa saltó de 81 millones a 1,885 millones de litros.
La paradoja: militares al cuidado de las aduanas
La revelación es aún más grave al considerar que, desde 2020, el gobierno anterior entregó el control total de los puertos y aduanas a las Fuerzas Armadas con el objetivo expreso de erradicar la corrupción y el contrabando. Sin embargo, los datos demuestran que fue precisamente bajo esta vigilancia militar cuando el «huachicol fiscal» alcanzó sus niveles más altos, evidenciando una traición desde el corazón de la institución encargada de proteger los recursos del país.