Con la consigna de que la movilidad es un derecho humano y no un privilegio, el Congreso de la Ciudad de México ha iniciado una serie de foros para construir una nueva Ley de Movilidad que ponga fin a décadas de políticas centradas en el automóvil y priorice al peatón.
En el foro “Hacia la armonización de la CDMX. Movilidad y Justicia Cívica”, realizado en la alcaldía Benito Juárez, el diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, presidente de la Comisión de Movilidad Sustentable, dibujó un panorama crítico. “Durante décadas, la infraestructura urbana ha privilegiado al automóvil particular, relegando a quienes caminan, usan bicicleta o el transporte público”, afirmó.
Las cifras respaldan su diagnóstico: tan solo en la alcaldía Benito Juárez se registran más de 1,200 incidentes viales anualmente, de los cuales al menos un 25% resultan en la pérdida de vidas humanas. Además, más del 40% de las banquetas presentan obstáculos que las hacen intransitables para personas en sillas de ruedas o con carriolas.
El objetivo de estos diálogos, que se replicarán en toda la ciudad, es armonizar la legislación local con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, creando un marco legal coherente que transforme la capital en “un puente hacia una ciudad más justa, equitativa y habitable”.
Durante el encuentro, legisladores de diversas fuerzas políticas y representantes de la sociedad civil expusieron una agenda compleja. La diputada Brenda Ruiz (MORENA) destacó que la nueva cultura de movilidad debe ir de la mano con la justicia cívica, mientras que Federico Chávez Semerena (PAN) señaló problemas específicos como los microbuses abandonados en colonias como Nativitas.
Por su parte, el legislador Royfid Torres González (MC) expresó su preocupación por el aumento de muertes viales tras la desaparición de las fotomultas y urgió a actualizar la ley para garantizar la seguridad.
El debate también incluyó las voces de los usuarios. Ana Silva, del Colectivo de Motociclistas, exigió una legislación basada en datos técnicos y no en “prejuicios que criminalizan” a su gremio. Asimismo, el urbanista Roberto Remes Tello analizó el fenómeno de los “franeleros” como un síntoma de problemáticas sociales más profundas, como la falta de empleo.
Desde el gobierno capitalino, representantes de la Secretaría de Movilidad (SEMOVI) y la Consejería Jurídica resaltaron la importancia de la colaboración ciudadana y de visibilizar la justicia cívica para mejorar la convivencia en el espacio público. El consenso es claro: el modelo actual es insostenible y la transformación hacia una movilidad segura y digna para todos es impostergable.