La situación fiscal de las empresas de Ricardo Salinas Pliego se complica. Este martes 8 de julio, TV Azteca perdió en segunda instancia un amparo clave, por lo que ahora enfrenta una orden judicial para pagar un crédito fiscal de aproximadamente 3,500 millones de pesos al Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Por mayoría de votos, el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito determinó que la televisora debe cubrir el adeudo correspondiente al Impuesto Sobre la Renta (ISR) del ejercicio fiscal de 2009, un litigio que se ha extendido por más de 15 años.
Esta resolución representa un duro golpe para el conglomerado y se enmarca en un escenario judicial cada vez más adverso para Grupo Salinas. Tan solo en el último mes, los tribunales han emitido tres fallos en su contra que, en conjunto, suman sentencias por más de 7 mil millones de pesos por omisiones fiscales.
Las otras dos derrotas recientes afectaron a Grupo Elektra:
El 24 de junio, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa ordenó a la empresa pagar cerca de 2 mil millones de pesos por ISR del ejercicio 2010.
El 19 de junio, el Décimo Tribunal Colegiado falló en su contra por un adeudo de ISR correspondiente a 2012.
Según fuentes fiscales, durante estos procesos las empresas han intentado emplear recursos legales de último momento para dilatar las sentencias, aunque los tribunales los han desechado.
Aunque los fallos de un tribunal colegiado son definitivos, a TV Azteca aún le queda una última carta: solicitar una revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Si la Corte admite el caso, serán los nuevos ministros, que entrarán en funciones en septiembre, quienes tengan la palabra final sobre este millonario adeudo.
De acuerdo con cifras del gobierno federal, el adeudo total de Grupo Salinas asciende a 74 mil millones de pesos, una cantidad que se encuentra disputándose en 32 litigios activos. En su informe anual de 2022, la propia televisora reconoció tener «diversos litigios en materia fiscal», aunque en ese momento sus abogados manifestaron tener «elementos serios y razonables para obtener una resolución definitiva favorable».