La voz de los pueblos originarios resonó con fuerza en el puerto de Topolobampo y demostró que la dignidad de sus tierras no tiene precio. Al grito de “¡Aquí no!” y “¡La patria no se vende!”, habitantes de las comunidades indígenas de Ohuira, Paredones, Lázaro Cárdenas y Nuevo San Miguel lograron una victoria histórica al frenar la construcción del megaproyecto industrial Pacífico Mexinol, derribando literalmente la primera piedra y el estrado de un evento que buscaba imponerse sobre sus derechos territoriales.
La protesta pacífica pero contundente, impulsada por familias, pescadores y activistas del colectivo «Aquí No», obligó a la cancelación inmediata de la ceremonia. El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y representantes empresariales tuvieron que retroceder ante la exigencia de una comunidad que se niega a sacrificar la riqueza natural de la Bahía de Ohuira en nombre de un falso desarrollo que solo beneficia a corporaciones transnacionales.
La defensa de la vida frente a la imposición industrial
El proyecto de la empresa Transition Industries LLC, valuado en 3 mil 300 millones de dólares, pretende instalar una planta de metanol que produciría más de 6 mil toneladas diarias utilizando gas natural texano. Sin embargo, para las comunidades indígenas, esta cifra no representa progreso, sino una amenaza directa de ecocidio.
Los pobladores denunciaron que la instalación industrial causaría daños irreversibles a los ecosistemas de manglares, cuerpos de agua y zonas de pesca, de los cuales depende la economía y la supervivencia de miles de familias del norte de Sinaloa. El principal reclamo de los defensores del territorio es la constante violación a sus derechos fundamentales, señalando que las autoridades y la empresa simularon en el pasado una «participación ciudadana» con supuestos 10 mil asistentes, ignorando por completo el mandato de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) que exige una consulta indígena genuina, libre, previa e informada.
La victoria del diálogo horizontal
Ante la firmeza de las comunidades, el poder político tuvo que ceder. Aunque en un inicio el gobernador Rocha Moya intentó convencer a los manifestantes y lamentó que este tipo de acciones «asusten a los inversionistas», la fuerza de la resistencia indígena lo obligó a cambiar de postura y reconocer que «la gente es la que manda».
Tras la cancelación del evento, el mandatario estatal se reunió con los pobladores en el Centro Cultural de Topolobampo, en un diálogo donde los habitantes exigieron transparencia y respeto. Derivado de esta presión comunitaria, Rocha Moya firmó un compromiso irrenunciable: el proyecto de Mexinol no dará un paso más sin que antes se realice una consulta ciudadana e indígena legítima.
Además, el gobernador se comprometió a llevar la voz de repudio de los pueblos mayo-yoreme directamente a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, cuestionando la viabilidad de este «Polo de Desarrollo» que atenta contra el tejido social. Hoy, las comunidades de Ahome han sentado un precedente nacional: ninguna inversión millonaria pasará por encima de los derechos humanos, la autonomía indígena y la protección de la Madre Tierra.